El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 5 resolvió archivar por inexistencia de delito la causa iniciada en junio de 2019.
10:56 | Sábado 23 de Noviembre de 2024 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 5, a cargo de la Dra. María Eugenia Capuchetti, resolvió archivar por inexistencia de delito la causa iniciada tras la denuncia presentada por los representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) en junio de 2019, contra la entonces ministra Patricia Bullrich.
Allí se acusaba a la funcionaria de haber “orquestado un plan criminal dirigido al ejercicio de la violencia, coacción, amenazas, lesiones, muerte, daños a la propiedad, así como maniobras de espionaje ilegal, sobre distintas comunidades indígenas pertenecientes al pueblo mapuche a fin de que cesaran los reclamos y protestas en torno a la titularidad de las tierras que estos ocupaban para favorecer a negocios inmobiliarios de terceros, empresarios y entidades afines”.
Entre las razones que sostiene la Resolución del Juzgado, se cita que “la investigación se enfocó en una supuesta estrategia de persecución y estigmatización implementada por las autoridades de seguridad desde el 2015 que habría tenido como fin desarticular los reclamos históricos del pueblo mapuche por la recuperación de sus tierras ancestrales, facilitando así la expansión de intereses empresariales. Sin embargo, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Fiscal en su requerimiento de instrucción y tras una exhaustiva labor probatoria, la evidencia recopilada no cumple con los requisitos mínimos para la configuración de un hecho punible”.
Asimismo, el escrito sostiene que “las acciones del Ministerio se limitaron a intervenir en casos específicos, como denuncias de delitos, que habían sido previamente presentadas ante la justicia provincial. En todos los casos analizados, las actuaciones de las fuerzas policiales federales, dependientes de la citada cartera ministerial, actuaron en coordinación con las fiscalías y juzgados correspondientes”.
En ese marco, el documento agrega: “La acción que se pretende poner en juicio desde el derecho penal, no fue una maniobra coordinada de forma aislada y exclusiva desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, tal como parece plantearse al limitar la denuncia y la acusación a este grupo de funcionarios. La acción que fue coordinada para dar respuesta estatal a una determinada realidad, y que pretende ser aquí tachada de delictiva, importó control de autoridades de distintos poderes de distintas provincias, con distintas jerarquías.”
