Los indultos de Carlos Menem: ¿qué fueron y quiénes se vieron beneficiados?

09:33 | Lunes 24 de Marzo de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

Este feriado 24 de marzo, en el que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se recuerda el golpe de Estado de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de Isabel Perón e instauró una dictadura militar que duró hasta 1983. Ese día marcó el inicio de una etapa conocida como "Proceso de Reorganización Nacional", en el que se cometieron diversos crímenes cuyos juicios se desarrollaron durante el mandato del presidente Raúl Alfonsín. Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final pretendían cerrar una herida que luego volvería a ser abierta durante la presidencia de Carlos Menem con los indultos presidenciales.

El 7 de octubre de 1989, Menem firmó cuatro decretos, por los cuales le otorgaba el indulto a 220 militares y 70 civiles. Los beneficiarios principales fueron militares que habían sido condenados por crímenes de lesa humanidad. Entre ellos se encontraban el general Leopoldo Galtieri, el almirante Jorge Isaac Anaya, el brigadier Basilio Lami Dozo, el general Carlos Guillermo Suárez Mason, el coronel Mohamed Alí Seineldín y el teniente coronel Aldo Rico.

Un año después, el presidente Menem firmó otros seis decretos. El 30 de diciembre de 1990 recuperaron la libertad figuras de alto rango que integraron las juntas y que habían recibido duras condenas por violaciones a los derechos humanos en el histórico juicio de 1985. Entre los que se encontraban, Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola, Armando Lambruschini y el excomandante en jefe del Ejército, José Alfredo Martínez de Hoz.

El debate sobre los indultos continuó durante los años posteriores, y aunque en su momento generaron una aparente pacificación, no lograron consolidar la reconciliación esperada por el gobierno. En el año 2000, pese a que la vigencia de las leyes de Punto Final, Obediencia Debida e Indultos anulaban la posibilidad de un juzgamiento a los autores de los delitos de lesa humanidad, se inició un proceso de revisión judicial de los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura.

Finalmente, en 2003, el Congreso derogó las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y los indultos, con el objetivo de reactivar los juicios por crímenes de lesa humanidad y asegurar que los responsables de estos delitos fueran juzgados. Desde entonces, cientos de militares y exintegrantes de las fuerzas de seguridad fueron procesados y condenados por violaciones a los derechos humanos.