Con un duro documento, Human Rights Watch le exigió al Gobierno que investigue la represión en la marcha de los jubilados

16:52 | Jueves 03 de Abril de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

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Human Rights Watch, la organización internacional referente en materia de Derechos Humanos, emitió un duro documento en el que reclamó al gobierno argentino que investigue la represión policial que tuvo lugar durante la marcha de jubilados y barrabravas del pasado 12 de marzo, donde hubo más de un centenar de detenidos y donde resultó herido el fotógrafo Pablo Grillo.

“Existen pruebas contundentes de que miembros de las fuerzas de seguridad respondieron con un uso indiscriminado e imprudente de la fuerza”, declaró Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “El gobierno debería investigar y garantizar la rendición de cuentas, en lugar de vilipendiar a un juez que falló en la protesta”, escribió en un comunicado.

Según indicó la organización, verificaron y geolocalizaron un total de 32 fotos y videos de la protesta, junto a fragmentos de transmisiones televisivas.

"Los videos y fotografías muestran que un miembro de la Gendarmería Nacional disparó una cápsula de gas lacrimógeno contra Grillo a las 17:17 horas. La cápsula impactó a Grillo en la cabeza, causándole una grave lesión cerebral. Human Rights Watch confirmó que el oficial de las fuerzas de seguridad disparó a Grillo desde poco más de 50 metros de distancia", indicaron.

Además remarcaron que el tiro del gendarme no estuvo regido por estándares internacionales. "Un video muestra que el gendarme disparó la cápsula de gas lacrimógeno en un ángulo horizontal hacia Grillo. Esto contraviene los estándares internacionales, que establecen que la única forma segura de disparar cápsulas de gas lacrimógeno es en un arco para que aterricen en el suelo con menor velocidad", señaló HRW.

El organismo también indica que pudieron verificar cinco videos donde se ve miembros de las fuerzas de seguridad disparar gas lacrimógeno desde escopetas "de manera imprudente y peligrosa" en un ángulo horizontal, además de adultos mayores que fueron rociados con cañones de agua a alta presión "a pesar de no estar cometiendo actos de violencia".

El informe también documenta las agresiones que sufrió la policía, donde 14 efectivos resultaron heridos. "(verificamos) seis videos en los que se observa a manifestantes arrojando piedras y escombros a las fuerzas de seguridad desde las veredas, incluso desde el interior de la plaza frente al Congreso. Tres videos muestran a manifestantes incendiando un patrullero de la policía de Buenos Aires", remarcan.

En la marcha habían resultadas detenidas 118 personas, de las cuales 114 habían sido liberadas por el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 15 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de la jueza Karina Andrade. En su escrito, Andrade había señalado que las fuerzas de seguridad no aclararon "las circunstancias de detención ni los motivos, al menos con algún tipo de detalle”.

Por ese motivo, el Gobierno había salido a denunciar a la jueza. En su informe, HRW salió a defender a Andrade. “El gobierno de Milei está protegiendo a los policías de rendir cuentas y hostigando a los jueces cuyas decisiones respetan los derechos de los manifestantes”, agregó Goebertus.

Críticas al protocolo antipiquetes

En otro pasaje del informa, HRW pone el foco en el protocolo antipiquetes, implementado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. “El protocolo, en la práctica, criminaliza cualquier impedimento al tránsito derivado de una manifestación y permite a la policía utilizar la fuerza aun cuando [los manifestantes] no crearen una situación de peligro”, señaló el organismo.

También subraya que el protocolo "no contiene disposiciones que exijan a la policía emplear medios razonables contra los manifestantes y deroga una resolución de 2011 que prohibía a la policía usar escopetas antidisturbios para lanzar gas lacrimógeno, que fue lo que hirió a Grillo".

Human Rights Watch advirtió además que la definición de “sedición” que utilizó el Ministerio es "vaga" y "puede utilizarse para criminalizar la libertad de expresión o castigar de manera desproporcionada a los críticos del gobierno", advirtió.

"Las autoridades judiciales y administrativas argentinas tienen la obligación de llevar a cabo investigaciones rápidas, creíbles y exhaustivas sobre las pruebas del uso excesivo de la fuerza durante las protestas del 12 de marzo", cerró Human Rights Watch.