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Cómo es la regulación de Uber y los taxis en Brasil y cuánto cuestan cada uno

En calles, la competencia entre los choferes también marca el pulso del transporte urbano. A pesar de estas diferencias, la rivalidad parece haber encontrado un punto de equilibrio.

Viernes 18 de Abril de 2025

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13:00 | Viernes 18 de Abril de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

 

 

Mientras en la ciudad de Córdoba se debate el futuro de las aplicaciones de viajes, en las vibrantes calles de Río de Janeiro, la competencia entre Uber y los taxis tradicionales también marca el pulso del transporte urbano. 

Un trayecto de 15 a 20 kilómetros, como el que une el emblemático estadio Maracaná con Copacabana, muestra una brecha significativa: un taxi puede costar alrededor de 45 reales (unos 9.200 pesos), mientras que Uber ofrece la misma ruta por 25 reales (5.100 pesos). Esta diferencia de precio transformó la dinámica del sector, generando tensiones, pero también adaptaciones.

Pedro, un conductor de Uber de 60 años, lleva seis años en la plataforma. Trabaja unas 10 horas diarias con su propio vehículo y recauda cerca de 14.000 reales mensuales (unos 2,8 millones de pesos) tras descontar el 25% que cobra la aplicación. "Es suficiente para vivir dignamente", aseguró, destacando la flexibilidad de horarios que le ofrece la plataforma. 

Sin embargo, Pedro reconoce que la llegada de Uber hace una década desató fuertes protestas entre los taxistas cariocas, quienes veían amenazado su sustento por la falta de regulación y los precios más bajos de los conductores de aplicaciones.

Por su parte, Marcio, taxista desde 1997, representa la otra cara de la moneda. Con 28 años de experiencia, lamenta la caída en la demanda desde la irrupción de Uber. "Atrapó bastante clientela", admitió, aunque subrayó que el flujo constante de turistas en Río ayuda a equilibrar el trabajo.

Sin embargo, los taxistas enfrentan costos que los conductores de Uber no tienen: tasas municipales, seguros obligatorios, verificaciones vehiculares y la obligación de pintar sus autos de amarillo. 

Además, el valor de las licencias de taxi (chapas) se desplomó; si antes eran una inversión codiciada, hoy valen hasta diez veces menos debido a la menor demanda.

En Río de Janeiro, operan unos 33.000 taxis oficiales frente a cerca de 200.000 vehículos de aplicaciones como Uber. Mientras los taxistas deben cumplir con estrictas normativas y pagar tributos, los conductores de Uber operan con menos restricciones, lo que les permite ofrecer tarifas más competitivas. "El taxi paga todo, Uber no paga nada", señaló Pedro, reflejando una queja recurrente entre los taxistas.

A pesar de estas diferencias, la rivalidad parece haber encontrado un punto de equilibrio. Algunos taxistas comenzaron a usar aplicaciones como Uber para captar más pasajeros, adaptándose a la nueva realidad. 

Marcio, con una filosofía optimista, lo resume así: "No estoy enojado. El sol nace para todos". En una ciudad con tanto movimiento, el trabajo abunda, y tanto taxistas como conductores de Uber encuentran su lugar.

La coexistencia entre taxis y Uber en Río de Janeiro refleja una historia global: la tecnología transforma mercados, pero también despierta resistencias. Mientras los usuarios celebran los precios más bajos y la conveniencia, los taxistas piden igualdad de condiciones.

En Brasil, la regulación de Uber y otras aplicaciones de transporte tiene un marco general aprobado por el Congreso Nacional.

En 2018, se aprobó una ley que regula las Empresas de Redes de Transporte (ERT), como Uber y Cabify. Esta ley otorga a los municipios la autoridad exclusiva para reglamentar y fiscalizar estos servicios.

Los conductores deben estar inscritos en el sistema de seguridad social y cumplir con ciertos requisitos, como poseer un seguro especial para los pasajeros. Los vehículos también deben cumplir con estándares mínimos de seguridad y antigüedad.

Las empresas deben pagar impuestos locales y los municipios pueden establecer requisitos adicionales, como licencias específicas para operar.

Aunque la ley nacional establece un marco básico, cada municipio puede adaptar las regulaciones según sus necesidades locales.

 

 

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