Estados Unidos: la Corte avala a Trump a echar a medio millón de inmigrantes con permisos de residencia

La Corte Suprema dio luz verde este viernes al gobierno de Donald Trump para que revoque el estatus legal temporal otorgado por la administración demócrata a más de 500.000 inmigrantes, una medida que afecta sobre todo a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Ahora podrán ser víctimas de una “expulsión masiva”.

El tribunal concedió una solicitud de emergencia presentada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que pone fin al programa del ex presidente Joe Biden que dio permiso humanitario a 532.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela para vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos.

La breve orden señaló que las juezas liberales Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor votaron en contra de la medida, mientras que el resto de la Corte, de tendencia conservadora, la apoyó

En su disenso, Jackson escribió que el tribunal no había tenido en cuenta "las consecuencias devastadoras de permitir que el gobierno trastorne precipitadamente las vidas y los medios de subsistencia de casi medio millón de no ciudadanos mientras sus reclamaciones legales están pendientes".

El gobierno impugnó un fallo de la jueza federal de distrito Indira Talwani, con sede en Massachusetts, quien dictaminó que el gobierno no podía eliminar el estatus de todas las personas sin que se individualicen los casos.

Cómo es el programa que Trump ahora va a derogar

A partir de 2022, el entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, concedió lo que se conoce como “parole” humanitario durante dos años a personas de los países afectados, en parte para aliviar la oleada de esos inmigrantes que llegaban a la frontera entre Estados Unidos y México.

La política, conocida como los programas de libertad condicional CHNV, permitía a los inmigrantes que pasaban un control de seguridad y que tenían un patrocinador en Estados Unidos que podía proporcionar vivienda, ingresar al país y quedarse.

El procurador general D. John Sauer dijo en documentos judiciales que Talwani no tenía autoridad para pronunciarse sobre el tema, y que Noem tenía autoridad para tomar su decisión bajo la Ley Federal de Inmigración y Nacionalidad.

La misma ley le dio a Mayorkas la discreción de permitir que los inmigrantes afectados ingresen y permanezcan en el país. El Departamento de Seguridad Nacional dijo en octubre de 2024 que la libertad condicional de cada persona no se extendería una vez que expirara su período de aprobación de dos años.

La decisión de Noem de deshacer la acción de Biden fue impugnada en los tribunales por personas que se verían afectadas, así como por Haitian Bridge Alliance, un grupo de derechos de los inmigrantes.

Sus abogados escribieron en documentos judiciales que si se confirma la acción de la administración Trump, todas las personas en libertad condicional inmediatamente "se volverán indocumentadas y sujetas a expulsión masiva".

Este caso es uno de docenas en los que el gobierno de Trump se ha quejado de que los jueces de tribunales inferiores bloquean sus políticas, incluso cuando el presidente ha buscado expandir agresivamente el poder de la presidencia sin la autorización del Congreso.

La disputa resuelta este viernes por la corte es independiente de otros desafíos legales como el uso de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a migrantes venezolanos que ha sido bloqueado por algunos tribunales.

Una victoria para el republicano

Trump consiguió así una victoria en su batalla contra los inmigrantes, una de las promesas de su campaña. El jueves, en otro paso en la profundización de su política, el gobierno nombró a condados y ciudades en más de 30 estados, incluidos Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Seattle, como “jurisdicciones santuario” a las que podría perseguir por no cumplir con las leyes federales de inmigración.

Trump ha amenazado a esos distritos con retirarles los fondos federales y presentar demandas contra los lugares que no cambien sus prácticas.

Las “ciudades santuario” imponen límites a preguntar a los residentes sobre su estatus migratorio y a ayudar a los funcionarios federales con la aplicación de la ley de inmigración. Eso hace que sea más difícil para la administración arrestar a las personas que están ilegalmente en Estados Unidos y dificulta la presión de Trump para las deportaciones masivas.