Desarticulan una banda de contrabando tecnológico que operaba en el AMBA

11:04 | Martes 03 de Junio de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La Policía Federal Argentina, en colaboración con la Agencia de Recaudación de Control Aduanero y bajo la supervisión del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, a cargo del juez Pablo Yadarola, logró desarticular una organización criminal que operaba en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esta banda se dedicaba al contrabando de dispositivos electrónicos de alto valor, los cuales eran introducidos ilegalmente al país y comercializados a través de canales físicos y virtuales, generando movimientos millonarios en efectivo y eludiendo los controles fiscales.

La investigación se inició a mediados de 2024, cuando el Departamento Delitos Fiscales detectó publicaciones en redes sociales que ofrecían productos de una reconocida empresa tecnológica internacional a precios significativamente inferiores a los del mercado formal. Estas ofertas carecían de facturación y respaldo documental, lo que despertó las sospechas de las autoridades. El seguimiento de estos perfiles virtuales permitió trazar un mapa preliminar de la operatoria de la banda.

Con la autorización judicial correspondiente, se llevaron a cabo quince allanamientos simultáneos en diversos puntos estratégicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, incluyendo Tigre, San Miguel, José León Suárez, Villa Ballester, Villa Bosch, Bella Vista, Ituzaingó y Salto. El operativo principal se centró en Ituzaingó, donde se encontraba uno de los principales centros de acopio y distribución de la mercadería ilegal.

Durante los procedimientos, se incautaron cerca de 600 teléfonos celulares, 2.400 fundas de distintas marcas, 1.000 accesorios como cargadores, cables USB y auriculares, así como documentación relevante para la investigación. Además, se secuestraron 7.991.200 pesos en efectivo y 3.982 dólares. El valor total del material decomisado asciende a 673 millones de pesos.

La organización utilizaba exclusivamente dinero en efectivo para las transacciones comerciales, evitando así dejar rastros documentales. Los vendedores empleaban perfiles en redes sociales que eran rápidamente dados de baja y sustituidos por nuevos usuarios, dificultando la identificación de los responsables y el rastreo de su actividad ilícita. Esta dinámica contribuía a sostener el mercado paralelo y permitía el ingreso ilegal de productos que luego eran distribuidos sin documentación ni garantía.

Como resultado de los operativos, siete personas fueron notificadas de su imputación, cuatro hombres y tres mujeres, todos sindicados como miembros activos de la estructura criminal. La investigación continúa para determinar la posible participación de otros individuos y el alcance total de la red delictiva.