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Casi un año después de la creación del Consejo de Mayo, el Gobierno decidió avanzar con decreto con la designación de sus miembros ante la falta de propuestas de los sectores. Quiénes quedaron.
Jueves 05 de Junio de 2025
16:35 | Jueves 05 de Junio de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
Más de 300 días después de su creación, el Gobierno decidió reactivar el Consejo de Mayo, la entidad concebida para "materializar los principios del Pacto de Mayo" compuesta por un representante del Ejecutivo, de las provincias argentinas, de la Cámara de Diputados, de la de Senadores, de las organizaciones sindicales y del empresariado. Ante la falta de propuestas por parte de los sectores, finalmente el Ejecutivo ocupó las vacantes por decreto.
La iniciativa del Consejo de Mayo fue anunciada por el presidente Javier Milei el pasado 25 de mayo en la ciudad de Córdoba con el objetivo de trabajar en los proyectos de ley que harían realidad los puntos acordados en el Pacto de Mayo entre el Gobierno nacional y los gobernadores de las provincias.
Los requisitos para avanzar con el Pacto eran la sanción de la Ley Bases y el Paquete Fiscal, los dos ambiciosos proyectos del Gobierno que tras varios idas y vueltas se aprobaron a fines de junio pasado. Por ese motivo, el acuerdo finalmente se firmó el 9 de julio en la Casa de Tucumán, donde suscribieron 19 gobernadores y el presidente.
Poco después, el Ejecutivo había oficializado la creación del Consejo de Mayo y designó como su presidente al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a través del Decreto N°617/24. Sin embargo, nunca se avanzó con el nombramiento de sus 6 consejeros restantes.
"A pesar de que han transcurrido más de trescientos días desde la creación del referido Consejo, cabe destacar que no se han recibido las propuestas de los Consejeros que lo integrarán en representación de las Provincias firmantes del “Pacto de Mayo” y de la Ciudad de Buenos Aires, del Senado, de la Cámara de Diputados, de las Organizaciones Sindicales de Tercer Grado y de las Entidades Gremiales Empresarias de Tercer Orden", advirtió el Gobierno a través del decreto 382/2025 publicado este jueves en el Boletín Oficial.
Por eso, para "no dilatar más las tareas encomendadas al Consejo de Mayo", el Ejecutivo decidió dialogar con integrantes de los distintos sectores mencionados y avanzó con las designaciones para poner en funcionamiento a la entidad y así "posibilitar la generación de acuerdos intersectoriales que propendan a la reconstrucción económica y social de la Argentina".
Así, además del mencionado Guillermo Francos, que preside el organismo, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que había sido designado en representación del Ejecutivo, fueron nombrados como consejeros el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en representación de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y la senadora radical Carolina Losada, en nombre de la cámara alta.
Completan la lista el jefe de la bancada del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, en representación de ese cuerpo; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, en lugar de los sindicatos; y el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini, en representación de las entidades empresariales.
Además, el decreto agregó al Consejo el rol de una secretaría técnica designada por el Ejecutivo que se ocupará de organizar las reuniones y asistir al presidente del organismo. Ocupará ese lugar María Cecilia Domínguez Diacoluca, coordinadora de planes de Transformación del Estado en el Gobierno de la Ciudad, además de colaboradora en el equipo de Federico Sturzenegger en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
Tal como establece el decreto, todos los integrantes del Consejo de Mayo desarrollarán sus tareas con carácter ad-honorem, por lo que la conformación del organismo "no implica erogación alguna para el Estado nacional".
Según pudo saber MDZ, hasta el momento no está pautada ninguna reunión del Consejo, que según el mencionado Decreto 617, funcionará como "un órgano colegiado consultivo de debate y elaboración de proyectos de leyes y demás actos administrativos necesarios para la implementación de los lineamientos acordados en el Pacto de Mayo".
Entre sus tareas, el Consejo de Mayo deberá asesorar al Ejecutivo; elaborar los proyectos normativos necesarios para implementar los lineamientos del acuerdo; realizar estudios, desarrollar planes y formular propuestas relacionadas con la puesta en marcha y cumplimiento de los mismos.
Según la normativa, su presidente, Guillermo Francos, deberá convocar y presidir las reuniones plenarias del Consejo por lo menos una vez al mes, "o en lapsos menores si ello resultare aconsejable o a pedido del presidente de la Nación".
Además, para que el Consejo pueda sesionar, es imprescindible la presencia de su titular y que haya un quórum conformado por la mayoría de los miembros totales. Los acuerdos del Consejo se adoptarán por consenso y serán remitidos al presidente Javier Milei para su consideración. En los casos donde haya opiniones contrapuestas, se presentará un acuerdo mayoritario al jefe de Estado junto a las posiciones minoritarias, mientras que en caso de que hubiera un empate, el resultado lo dirimirá Guillermo Francos en su calidad de jefe de la entidad.
El gran acuerdo de Milei proponía "romper con las antinomias del pasado y refundar el contrato social que dio nacimiento a la Patria" y estableció 10 puntos para "reconstituir las Bases de la Argentina y reinsertar a nuestro pueblo en la senda del desarrollo y la prosperidad".
Entre ellos, se encontraba la inviolabilidad de la propiedad privada; el equilibrio fiscal "innegociable”; la reducción del gasto público en torno al 25% del PBI; una educación inicial, primaria y secundaria "útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar"; una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.
También proponía la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos "para poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias"; un compromiso en las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país; una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal; una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema y "respete a quienes aportaron"; y la apertura al comercio internacional, "de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global".
El pacto contó con la firma de los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; Chaco, Leandro Zdero; Chubut, Ignacio Torres; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri; Córdoba, Martín Llaryora; Corrientes, Gustavo Valdés; Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Jujuy, Carlos Sadir; Mendoza, Alfredo Cornejo; Misiones, Hugo Passalacqua; Neuquén, Rolando Figueroa; Río Negro, Alberto Weretilneck; Salta, Gustavo Sáenz; San Juan, Marcelo Orrego; San Luis, Claudio Poggi; Santa Fe, Maximiliano Pullaro; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Tucumán, Osvaldo Jaldo, y Santa Cruz, Claudio Vidal, quien firmó unas semanas después del 9 de julio.
Por otro lado, se rehusaron a suscribir los mandatarios de Buenos Aires, Axel Kicillof; Formosa, Gildo Insfrán; La Rioja, Ricardo Quintela; La Pampa, Sergio Ziliotto; y Tierra del Fuego, Gustavo Melella.
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