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Un representante del Tribunal de Cuentas denunció un gasto millonario en sildenafil destinado al Servicio Penitenciario provincial. Las autoridades aseguran que se trata de un tratamiento crónico para enfermedades.
Viernes 13 de Junio de 2025
11:49 | Viernes 13 de Junio de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
Beltrán Corvalán, vocal del Tribunal de Cuentas de Córdoba, denunció públicamente que el Servicio Penitenciario provincial habría destinado alrededor de un millón de pesos en abril de 2024 para adquirir sildenafil (conocido comercialmente como Viagra), entre otros productos como shampoo anticaspa, cremas humectantes y anticonceptivos. Corvalán calificó la medida como “escandalosa” y cuestionó duramente el uso de fondos públicos en gastos que, según él, no responden a prioridades esenciales dado el déficit de insumos en hospitales de la provincia. También criticó la falta de soporte clínico en la documentación: “no figura absolutamente nada”, afirmó, al denunciar la ausencia de historias clínica o facturas justificativas.
Ante la denuncia, el jefe del Departamento de Sanidad del Servicio Penitenciario, Ariel Salari, indicó que el sildenafil fue adquirido exclusivamente para el tratamiento de enfermedades crónicas, como la hipertensión pulmonar, en internos con diagnósticos autorizados por médicos externos. Precisó que, en 2025, sólo tres internos recibieron dicha medicación. Además, explicó que los demás productos comprados también responden a necesidades específicas: cremas para casos de psoriasis, shampoo anticaspa y preservativos como parte de las políticas de salud dentro de las cárceles, incluidas las medidas judiciales para prevenir infecciones de transmisión sexual.
La polémica ha generado un fuerte debate en Córdoba acerca del uso de recursos públicos en el sistema penitenciario y de salud. Mientras uno de los representantes del Tribunal lo considera un gasto injustificado e inaceptable, las autoridades sanitarias sostienen que la compra se enmarca dentro de tratamientos médicos debidamente indicados y fiscalizados. Aún resta resolver si la documentación presentada satisface los estándares de transparencia y justificación exigidos por la normativa estatal.
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