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"No hubo un control de constitucionalidad", se quejó en Fénix el presidente del Consejo de Abogados y Procuradores de La Rioja, Francisco Brizuela. La votación del del TSJ fue dividida, teniendo en cuenta que Luis Brizuela se diferenció de sus pares.
Martes 24 de Junio de 2025
12:22 | Martes 24 de Junio de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El presidente del Consejo de Abogados y Procuradores de La Rioja, Francisco Brizuela, se pronunció tras la desestimación del recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia por la designación de jueces y fiscales en la provincia.
El planteo, que cuestionaba la integración del Consejo de la Magistratura, fue rechazado por una cuestión formal, sin analizarse el fondo del asunto.
“Nos han notificado días pasados que se ha rechazado la admisibilidad formal y no por una cuestión sustancial”, explicó Brizuela. Y agregó: “No hubo un control de constitucionalidad. No se abrió la puerta para analizar si hubo un incumplimiento de la Constitución Provincial en lo que respecta a la integración del Consejo de la Magistratura”.
Según señaló el titular del Consejo, la resolución sostiene que el planteo fue presentado en forma extemporánea, motivo por el cual el máximo tribunal provincial evitó pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre la posible inconstitucionalidad del proceso de designación.
A pesar del rechazo, Brizuela insistió en la importancia institucional del reclamo. “Más allá de una cuestión formal, lo que está en juego acá es la vigencia de la Constitución. Lo que buscamos es que se respete el marco legal que rige la conformación del Consejo de la Magistratura, tal como lo establece nuestra Carta Magna provincial”, sostuvo.
El Consejo de Abogados había cuestionado que la designación de magistrados se realizó sin el debido cumplimiento de las normas constitucionales que regulan la participación y representación en dicho órgano. Ahora, con la decisión del Tribunal Superior de no avanzar en el análisis, se abre una nueva etapa de debate sobre la legitimidad del proceso y los caminos jurídicos posibles para insistir con el reclamo.
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