La Justicia ordena el decomiso de 13 propiedades vinculadas al lavado de activos narco

10:45 | Viernes 27 de Junio de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La jueza Sabrina Namer, del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1, ordenó el 30 de mayo el decomiso de 13 propiedades vinculadas a una organización dedicada al lavado de activos y contrabando, liderada por el contador público Diego Xavier Guastini, condenado en 2019.

Con esta resolución, ascienden a 26 los inmuebles decomisados —los 13 originales, intervenidos en abril de 2023, más los recientes— todos adquiridos con fondos ilícitos vinculados al narcotráfico internacional. Los bienes se encontraban registrados a nombre de testaferros o empresas de fachada, con el fin de ocultar su origen criminal.

Entre los inmuebles incautados se destacan oficinas en edificios del microcentro porteño, un departamento en Puerto Madero, y propiedades en Zárate y Banfield, así como un terreno en un barrio cerrado de Pinamar. El fallo considera que las operaciones de adquisición resultaban incompatibles con la capacidad económica declarada por los titulares registrales, muchos de ellos sin actividad real o ingresos declarados.

La magistrada delegó al Ministerio Público Fiscal y a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) la tarea de individualizar posibles nuevos bienes vinculados al caso, con el objetivo de avanzar en la recuperación de activos ilícitos.

El entramado criminal operó entre 2013 y 2014, cuando la organización ingresó dinero en efectivo desde el extranjero —proveniente de narcotraficantes— y lo canalizó a través de la compra de inmuebles con apariencia de legalidad. El análisis contable fue posible gracias a documentación incautada durante allanamientos, como un archivo titulado “Propiedades” que detallaba cada unidad y su titular.

Relevancia institucional y legal:

Esta medida estatal representa un avance sustancial en la recuperación de bienes obtenidos con recursos del narcotráfico. Decomisar propiedades usadas por organizaciones criminales no solo impide el usufructo ilícito, sino también restituye esos bienes al patrimonio público. Se releva la eficacia de la coordinación entre la Fiscalía N°1, la SIFRAI, la DGRADB y la AABE.