16:20 | Miércoles 16 de Julio de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
La Casa Rosada ordenó el despido de funcionarios de la Procuración del Tesoro tras detectar presuntas filtraciones y venta de información interna vinculada al juicio internacional contra Burford Capital por la estatización de YPF. Según fuentes oficiales, se habría vulnerado la estrategia jurídica del Estado argentino en un litigio considerado clave por el Gobierno.
“Creemos que hubo venta de información”, señaló una fuente calificada del Ejecutivo, en medio de un fuerte hermetismo sobre cómo se descubrieron las maniobras. En los despachos oficiales se habla de una reforma estructural interna en el organismo que representa jurídicamente al Estado nacional.
La alarma se encendió en las últimas semanas, cuando distintas áreas de la Procuración detectaron movimientos y filtraciones de datos sensibles vinculados a causas judiciales en curso, que no habían sido autorizados por los altos mandos y que podrían comprometer la posición de la Argentina ante los tribunales internacionales.
El Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, designado por sugerencia del entorno de Santiago Caputo, avanzará con la disolución de varias áreas internas del organismo. La decisión se vincula directamente con la filtración de información en causas estratégicas, en especial la que enfrenta al país con los fondos litigantes en la Corte de Apelaciones de Nueva York.
Según trascendió, los cambios serán acompañados por un comunicado oficial, en el que se detallarán las nuevas líneas de reestructuración y se justificarán las medidas adoptadas en defensa del interés del Estado argentino. En el Gobierno temen que la venta de información haya favorecido indirectamente a los demandantes, y apuntan a profundizar los controles internos.
Estados Unidos apoyará a Argentina por YPF
En paralelo, esta situación estalló justo cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara que volverá a intervenir como amicus curiae en apoyo al reclamo argentino en la causa YPF. En un escrito de 10 páginas, el Gobierno estadounidense advirtió que “la medida cautelar y la orden solicitadas por los demandantes que exigen a Argentina sobre su propiedad soberana ubicada en su propio territorio violaría leyes de inmunidad soberana y no debería ser concedida por la Corte”.
El documento fue firmado por David E. Farber, asistente del fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, y representa un nuevo capítulo en el juicio por la estatización de la petrolera, iniciado en 2012. El conflicto se centra en el pedido de Burford Capital de quedarse con el 51% de las acciones que el Estado argentino posee en YPF. En 2023, la jueza Loretta Preska falló contra la Argentina y la condenó a pagar 16.000 millones de dólares, al considerar irregular la expropiación.
A pesar de estos argumentos, la jueza Preska, identificada con el partido Republicano y una orientación conservadora, desoyó la recomendación y, hace 10 días, ordenó el traspaso de las acciones. Esta situación podría repetirse, ya que los jueces escuchan los planteos de los amicus curiae, pero no siempre los adoptan. Así ocurrió también con el fallecido Thomas Griesa, antecesor de Preska, en la causa de los hold outs durante el gobierno de Cristina Kirchner.
El CEO de Latam Advisors, Sebastián Maril, analizó en X que “la intervención del Gobierno de Estados Unidos en respaldo a la República Argentina apunta, con toda probabilidad, a influir en la Corte de Apelaciones para que suspenda la ejecución del fallo de la jueza Loretta Preska mientras se tramita la apelación. Por el momento, el respaldo del Departamento de Justicia (DOJ) no parece extenderse a la apelación vinculada a la orden de entrega de las acciones de YPF, ni tampoco aplica al fallo de los USD 16.100 millones”.
La estrategia del Gobierno argentino, además de apelar ese fallo, busca sumar apoyo internacional con nuevos escritos amicus curiae de otros países. Según trascendió, ya se habrían iniciado contactos diplomáticos con Uruguay, Paraguay, El Salvador, Italia, Francia y Alemania, aunque no hay confirmaciones oficiales.
Tanto la Cancillería como la Procuración del Tesoro coordinan esa ofensiva judicial en el exterior, junto con estudios jurídicos especializados. Mientras tanto, puertas adentro, el Gobierno intenta contener el daño político y legal que podrían generar las filtraciones, en una causa que tiene impacto institucional, económico y geopolítico.
