En lugar del Gobierno: Diputados y referentes de la sociedad civil se ofrecieron para continuar con la querella por las violaciones a los derechos humanos en Venezuela

23:34 | Jueves 17 de Junio de 2021 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

Diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de declaración a través del cual manifestaron su voluntad de presentarse para dar continuidad a la denuncia por violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela ante la Corte Penal Internacional.

La iniciativa repudia la decisión del gobierno nacional que, tras abandonar el denominado Grupo de Lima, retiró su apoyo a la demanda que el bloque interpuso contra el régimen de Nicolás Maduro en La Haya.

“El Gobierno de la República Argentina se retira de dicha remisión como así también de toda presentación realizada en ese marco, incluyendo la Nota OI 48/2019 del 30 de septiembre de 2019 vinculada a un informe elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina”, decía la misiva oficial enviada a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda.

La demanda había sido interpuesta por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina en 2018, para que se investigara a Maduro y al resto de la jerarquía venezolana por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad. Fue la primera vez que un grupo de Estados demandó a un tercero ante ese tribunal, cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.

Además de representantes de la oposición -como Cristian Ritondo, Maximiliano Ferraro, Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich y Waldo Wolff- y ex funcionarios -como Jorge Faurie, Paula Bertol y Claudio Avruj-, también sumaron su apoyo referentes de la sociedad civil como los periodistas Alfredo Leuco y Eduardo Feinmann, el ex bailarín Maximiliano Guerra, el constitucionalista Daniel Sabsay y el actor Alfredo Casero, entre otros.

En la misma línea, este martes el gobierno nacional también se abstuvo de condenar las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura sandinista en Nicaragua durante el tratamiento de un proyecto de resolución en la Organización de Estados Americanos (OEA). La condena fue aprobada por 26 países, entre ellos Estados Unidos, Chile, Colombia y Perú. Sólo votaron en contra el país en cuestión, Bolivia y San Vicente.

La Casa Rosada compartió su voto de abstención con Belize, República Dominicana, Honduras y México. Y otra vez, como sucedió en la ONU con su posición sobre los ataques terroristas de Hamas contra Israel, Argentina quedó separada de sus socios del Mercosur: Brasil, Uruguay y Paraguay condenaron al régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

Concluida la histórica votación contra la dictadura sandinista, el embajador Carlos Raimundi leyó una declaración conjunta de los gobiernos de Argentina y México. El comunicado expresó su preocupación por las detenciones arbitrarias en Nicaragua, y rechaza la resolución en contra del régimen de Ortega y Murillo alegando que se trata de una intromisión a los asuntos internos del país centroamericano.

Fuente: Infobae