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La administración estadounidense envió cinco inmigrantes condenados por delitos graves a Esuatini, antigua Suazilandia, bajo un esquema de deportación que no requiere vínculos previos con el país receptor.
Miércoles 16 de Julio de 2025
12:19 | Miércoles 16 de Julio de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó el envío de cinco inmigrantes a Esuatini, nación africana anteriormente conocida como Suazilandia, como parte de una expansión del programa de deportaciones a terceros países. Los deportados, originarios de Vietnam, Jamaica, Cuba, Yemen y Laos, fueron trasladados en un vuelo especial tras ser condenados por delitos como asesinato y violación infantil.
La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, informó que los individuos fueron considerados “tan singularmente bárbaros” que sus países de origen se negaron a recibirlos. Según el comunicado oficial, los deportados representaban una amenaza para la seguridad pública y fueron enviados a Esuatini como medida excepcional.
Este procedimiento se enmarca en una política impulsada por la administración Trump, que busca acuerdos con países africanos para aceptar inmigrantes expulsados de Estados Unidos, incluso si no tienen vínculos previos con dichos territorios. La Corte Suprema estadounidense recientemente levantó restricciones que impedían estas deportaciones, lo que permitió reanudar vuelos similares a Sudán del Sur semanas atrás.
La decisión generó inquietud entre organizaciones civiles de Esuatini, que denunciaron la falta de comunicación oficial sobre el acuerdo bilateral. Ingiphile Dlamini, portavoz del grupo prodemocracia SWALIMO, expresó que la opacidad del gobierno local impide comprender las implicancias del ingreso de personas con antecedentes penales graves.
Esuatini, gobernada por el rey Mswati III desde 1986, es la última monarquía absoluta de África. El país ha sido objeto de críticas internacionales por violaciones a los derechos humanos y represión de la disidencia política. En este contexto, la llegada de inmigrantes deportados sin información clara sobre su estatus legal o destino final ha generado preocupación entre la población y los defensores de derechos civiles.
El gobierno estadounidense ha manifestado su intención de ampliar este tipo de acuerdos con otras naciones africanas, mientras algunos países, como Nigeria, han rechazado participar en este esquema. La situación plantea interrogantes sobre el respeto al debido proceso y las garantías de seguridad para los deportados y las comunidades receptoras.
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