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En diálogo con Fénix, el ex trabajador de seguridad del Hospital Enrique Vera Barros aseguró que la situación que atraviesan los vigiladores “se advirtió desde noviembre” y denunció que los empleados fueron presionados para renunciar a su antigüedad
Miércoles 11 de Marzo de 2026
17:56 | Miércoles 11 de Marzo de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
En diálogo con Fénix, Leo Nieto Vera, ex empleado de seguridad del Hospital Enrique Vera Barros, se refirió al conflicto que atraviesan los trabajadores del sector luego de que se cayera la licitación para la contratación de seguridad privada en el nosocomio.
Según explicó, la situación se originó meses atrás cuando se produjo el cambio de empresa encargada del servicio de vigilancia.
Nieto Vera recordó que anteriormente la seguridad del hospital estaba a cargo de la empresa Prevenir, que contaba con alrededor de 50 trabajadores.
“Había más de 50 trabajadores que cumplían funciones de seguridad privada en el hospital bajo la empresa Prevenir”, señaló.
Sin embargo, aseguró que con el cambio de empresa los trabajadores fueron presionados para renunciar a su antigüedad laboral con el objetivo de continuar trabajando bajo una nueva firma.
“Los obligaron a renunciar para poder ser tomados por la empresa que venía de Tucumán”, afirmó.
En ese sentido, explicó que la empresa Omega asumió el servicio desde diciembre, luego de ganar la licitación para prestar seguridad en el hospital.
“Les dijeron que si no renunciaban a la empresa anterior no iban a poder continuar trabajando con la nueva”, sostuvo.
Para el ex trabajador, esa decisión derivó en la situación actual que atraviesan los vigiladores tras la caída del proceso licitatorio.
“Hoy los trabajadores se quedaron sin trabajo y sin indemnización porque al renunciar perdieron todos sus derechos laborales”, remarcó.
Asimismo, aseguró que algunos empleados contaban con varios años de antigüedad en el servicio.
“Hay trabajadores que tenían 10, 12, 15 y hasta 18 años trabajando en el hospital”, indicó.
Nieto Vera también consideró que la situación debería ser investigada debido al impacto que tuvo en las familias afectadas.
“Esto se advirtió desde noviembre y ahora son más de 40 familias que se quedan sin su fuente laboral”, concluyó.
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