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El gobernador Axel Kicillof redujo la asistencia alimentaria en la provincia de Buenos Aires y criticó la gestión de fondos de Sandra Pettovello.
Lunes 27 de Abril de 2026
18:00 | Lunes 27 de Abril de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
En medio de la tensión financiera con la Casa Rosada, el gobierno bonaerensedecidió suspender por 90 días uno de sus programas alimentarios más extendidos. La medida se inscribe en un contexto de reclamos por fondos y reordenamiento del gasto social.
La administración de Axel Kicillof resolvió interrumpir temporalmente el programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria), vigente desde la pandemia. La decisión comenzará a regir el 1° de mayo de 2026 y fue oficializada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque.
El programa consistía en la entrega mensual de módulos alimentarios a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad, desde el nivel inicial hasta la educación especial.
Según la resolución oficial, la suspensión responde al deterioro de las cuentas provinciales, vinculado a la reducción de transferencias desde el gobierno de Javier Milei.
Desde la Provincia sostienen que el recorte de recursos —tanto automáticos como discrecionales— obligó a redefinir prioridades y declarar la emergencia económica, con foco en garantizar los servicios esenciales.
En ese marco, el Ejecutivo bonaerense decidió concentrar los fondos disponibles en el Servicio Alimentario Escolar (SAE), considerado el eje central de la política de asistencia en las escuelas.
La administración provincial argumenta que el MESA funcionaba como un complemento extraordinario, creado durante la suspensión de clases presenciales por el Covid-19, y que ahora resulta necesario priorizar el esquema estructural.
La medida se produce en paralelo a un aumento de la presión política sobre el Gobierno nacional. En La Plata anticipan una movilización de intendentes y funcionarios hacia el Ministerio de Capital Humano para exigir el envío de fondos adeudados.
El conflicto expone una disputa más amplia entre Nación y Provincia por el financiamiento de políticas sociales, en un escenario marcado por la suba de los precios de los alimentos y la restricción fiscal.
Desde el gobierno bonaerense aclaran que la suspensión no implica el fin de la asistencia alimentaria, sino una reorganización para sostenerla en condiciones de menor disponibilidad de recursos.
Durante los tres meses de interrupción, la Provincia evaluará la evolución económica, la posibilidad de reactivar el programa y eventuales mecanismos de coordinación con otras jurisdicciones.
La decisión deja en evidencia el nivel de estrés financiero que atraviesa la administración provincial y funciona, al mismo tiempo, como un mensaje político: sin financiamiento nacional, incluso programas sociales consolidados entran en zona de ajuste.
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