Investigan a casas de cambio por desvíos millonarios al mercado ilegal en el gobierno de Alberto Fernández

08:25 | Martes 05 de Mayo de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La Justicia federal investiga a un conjunto de casas de cambio por maniobras con dólares oficiales que terminaron sin trazabilidad, luego de ser transferidos a personas humanas que retiraron los fondos en efectivo.

Los documentos del Banco Central incorporados a la causa describen un circuito en el que divisas adquiridas a valor regulado habrían salido del sistema formal, en un contexto de fuertes restricciones cambiarias impuestas por el gobierno de Alberto Fernández y su ministro de Economía, Sergio Massa.

El expediente, que permanece bajo secreto de sumario pero atraviesa una semana clave por su eventual levantamiento, analiza operaciones realizadas entre 2021 y 2023. Según los datos reunidos, el monto bajo la lupa supera los US$ 530 millones.

Uno de los casos más concretos es el de Concordia Inversiones SRL. De acuerdo con los informes oficiales, la firma transfirió US$ 9,8 millones a 53 personas humanas entre febrero y abril de 2023. Esos movimientos fueron justificados como “supuestos préstamos de dinero”, aunque los investigadores detectaron que “las sumas eran retiradas en forma inmediata en efectivo”, lo que impidió seguir el rastro del dinero.

Los documentos agregan un elemento adicional bajo análisis: se cree que parte de esos fondos, una vez retirados en efectivo por las personas humanas, se habría destinado a la compra de bienes de alto valor, como aviones de lujo, autos de alta gama o motos de colección.

La operatoria aparece como un patrón en distintos sumarios: los dólares son retirados por ventanilla y, a partir de ese momento, “se pierde la trazabilidad bancaria de la moneda extranjera adquirida”. Ese punto es central para la causa, ya que dificulta reconstruir el destino final de los fondos.

El Banco Central también vinculó a Concordia Inversiones con Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, quien figura entre los financistas investigados. En ese grupo también aparecen Francisco Hauque, Elías Piccirillo y Martín Migueles, todos bajo análisis en el expediente.

Otro de los focos está puesto en Mega Latina S.A., una casa de cambio que, según los documentos del Banco Central, compró US$ 327 millones a entidades bancarias. Parte de esa operatoria es cuestionada porque la firma retiró los dólares en efectivo y luego informó haber vendido el 70% a otra casa de cambio, Gallo Cambio S.A.

Los sumarios son explícitos sobre esa práctica: las agencias deben vender divisas a clientes finales y no a otros operadores. “Se verificó que los dólares adquiridos fueron retirados haciendo perder su trazabilidad bancaria e informaron haber sido vendidos en efectivo a otros operadores de cambio”, señala uno de los informes oficiales.

La mecánica bajo sospecha se repite en distintos casos: el Banco Central canaliza dólares hacia entidades bancarias, estas los venden a casas de cambio y luego se detectan transferencias entre operadores (algo prohibido) seguidas del retiro en efectivo. Desde ese punto, el circuito pierde control y no puede determinarse el destino del dinero.

Los documentos también consignan que, en algunos casos, los fondos fueron transferidos a personas humanas que los retiraron inmediatamente en efectivo. Según la hipótesis de los investigadores, esas divisas obtenidas a valor oficial podrían haber sido desviadas hacia el mercado informal.

El contexto en el que se produjeron estas operaciones es otro elemento clave. Durante ese período regían fuertes restricciones cambiarias y un límite de US$ 200 para la compra de dólares por parte de personas físicas, mientras que las maniobras detectadas involucraban montos millonarios.

La causa se vincula además con la investigación sobre el sistema de permisos de importación (SIRA), donde se analiza si existió un esquema de pagos indebidos para acceder a divisas oficiales. En ese entramado están bajo la lupa organismos como la AFIP, el Banco Central, la Aduana y la Secretaría de Comercio. En paralelo, la investigación también alcanza a una auditora externa del Banco Central, Valeria Fabiana Fernández, quien aparece mencionada en los expedientes bajo análisis.

Hasta el momento, la Justicia identificó al menos cuatro casas de cambio involucradas (Mega Latina, Stema Cambios, Concordia Inversiones y Arg Exchange) y ordenó levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil sobre unas 50 personas físicas y jurídicas para reconstruir el circuito completo.