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La causa expone datos de una investigación que tiene bajo la lupa a exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández y a casas de cambio sospechadas de pedir coimas y lucrar con la brecha entre el dólar oficial y el paralelo.
Viernes 08 de Mayo de 2026
22:12 | Viernes 08 de Mayo de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
La investigación judicial por las presuntas coimas vinculadas al Sistema de Importaciones de la República Argentina, conocido como SIRA, puso bajo la lupa a exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández, operadores financieros y dueños de casas de cambio, quienes habrían montado un circuito para destrabar permisos a cambio de sobornos.
El caso tomó mayor volumen a partir del análisis de teléfonos, documentos y conversaciones incorporadas a la causa. La Justicia accedió a chats en los que Martín Migueles ofrecía acelerar trámites de SIRA para acceder al dólar oficial. En uno de esos intercambios, el novio de Wanda Nara le dijo a un contacto agendado como “Adriel La Plata”: “Si tenés una empresa grande, yo consigo también que te den la SIRA rápido y podés llevar guita para allá”. En otro audio, agregó: “Yo lo consigo un punto menos, 11 puntos, y te sale en una semana con toda la furia”.
Esos diálogos privados son una de las claves para entender el presunto negocio. La maniobra investigada habría consistido en usar las autorizaciones de importación como puerta de entrada al dólar oficial, en un contexto en el que la brecha con el mercado paralelo abría márgenes extraordinarios de ganancia. La sospecha judicial es que algunas casas de cambio accedían a divisas al tipo de cambio regulado y luego las vendían en el mercado informal, con beneficios que podían multiplicar el monto original.
En esa línea aparecen bajo investigación Migueles, Elías Piccirillo y Francisco Hauque, vinculados a firmas financieras y operaciones cambiarias bajo análisis.
El fiscal Franco Picardi trabaja sobre una hipótesis que involucra a funcionarios del Banco Central, casas de cambio y operadores privados. La investigación incluyó casi 30 allanamientos, testimonios y teléfonos aportados por imputados. Entre los funcionarios mencionados por La Nación figuran integrantes del área de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA, mientras que la fiscalía también pidió información a la Secretaría de Comercio para determinar qué funcionarios autorizaron las operaciones sospechadas. Uno de los datos que llamó la atención fue la velocidad de aprobación: algunos permisos habrían salido en 10 días, frente a plazos habituales que podían extenderse hasta 180.
La causa busca ahora establecer si se trató de hechos aislados o de una estructura coordinada para cobrar retornos por trámites estatales y explotar la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo. Las SIRA rigieron entre octubre de 2022 y fines de 2023, cuando las restricciones para importar y acceder a divisas eran uno de los principales cuellos de botella de la economía. Por eso, la investigación no sólo apunta a los empresarios y financistas que habrían usado el sistema, sino también a los funcionarios que pudieron haber habilitado el circuito desde adentro del Estado.
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