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El mapa impositivo nacional expone fuertes asimetrías en la presión fiscal sobre los servicios financieros digitales, posicionando a la provincia norteña con un porcentaje del 9% en el cobro de este gravamen.
Martes 09 de Junio de 2026
14:24 | Martes 09 de Junio de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
Un reciente relevamiento realizado por la plataforma «Argentina en Datos» puso bajo la lupa la disparidad fiscal que enfrentan las empresas prestadoras de servicios de crédito en el sector Fintech a lo largo del territorio nacional. El informe detalla las alícuotas correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) aplicadas por cada jurisdicción durante el período 2025 para la actividad de otorgamiento de préstamos por parte de entidades no bancarias que no reciben depósitos.
De acuerdo con los datos plasmados en la cartografía impositiva, La Rioja registra una alícuota del 9,0%, compartiendo el pelotón de las provincias con mayor presión fiscal junto a Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Catamarca, Neuquén, Río Negro y Chubut. Este nivel impositivo solo es superado de manera excepcional por Chaco, que aplica un 10,0%, y por La Pampa, que lidera la presión impositiva nacional con un contundente 15,0% para este sector de la economía digital.

En el extremo opuesto del esquema federal, la provincia de Tierra del Fuego aparece como el distrito con la menor carga impositiva del país, registrando una alícuota de apenas el 1,5% para este tipo de servicios financieros. Le siguen en la escala de menor tasa provincias como San Juan, San Luis y Misiones, todas ellas con un gravamen fijado en el 6,5%.
El mapa deja en evidencia que la región del Noroeste Argentino (NOA) carece de una estrategia fiscal uniforme frente al ecosistema de la economía del conocimiento y los servicios financieros digitales. Mientras que distritos vecinos como Jujuy y Salta fijaron sus alícuotas en un 8,0%, La Rioja, Catamarca y Tucumán optaron por elevar la exigencia fiscal al 9,0%, marcando una diferencia regulatoria que incide de manera directa en el costo del crédito y en la competitividad regional para el desembarco de nuevas inversiones tecnológicas enfocadas en el consumo y la vivienda.
Informe: Eduardo Nelson German
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