San Juan arma su defensa ante la ofensiva judicial de Ricardo Quintela

09:51 | Miércoles 08 de Julio de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

El conflicto limítrofe entre La Rioja y San Juan comenzó a trasladarse al plano judicial. Luego de que el gobernador Ricardo Quintela promulgara la ley que ratifica el reclamo riojano sobre una franja territorial actualmente bajo jurisdicción sanjuanina y anunciara una futura demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el gobierno de Marcelo Orrego puso en marcha su estrategia de defensa.

Aunque la presentación judicial todavía no fue formalizada, la Fiscalía de Estado de San Juan confirmó que ya trabaja en la recopilación de antecedentes históricos, cartográficos y legales para sostener la posición de la provincia si finalmente el litigio llega al máximo tribunal.

El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, aseguró que San Juan se encuentra «preparándose para responder» a la eventual demanda impulsada por La Rioja y explicó que el objetivo es reunir toda la documentación necesaria para respaldar la jurisdicción sanjuanina sobre el área en disputa.

El principal argumento de la defensa será la vigencia de la Ley Nacional 18.004, sancionada durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, que fijó los límites entre ambas provincias y que, según la posición sanjuanina, fue posteriormente ratificada por el Congreso Nacional, otorgándole plena validez jurídica.

Desde San Juan también sostienen que la delimitación territorial no respondió a decisiones políticas arbitrarias sino a estudios técnicos elaborados por especialistas en agrimensura y cartografía, y afirman que no existen antecedentes judiciales que avalen el planteo promovido por La Rioja.

La reacción sanjuanina llega pocos días después de que Quintela promulgara la Ley Provincial N.º 10.876, mediante la cual la Legislatura riojana ratificó el rechazo a los límites impuestos durante la dictadura y facultó al Ejecutivo provincial a iniciar acciones judiciales para recuperar el territorio que considera históricamente propio.

La disputa cobró una dimensión inédita tras el avance de un megaproyecto de cobre estimado en 18.000 millones de dólares, cuya ubicación volvió estratégica la zona en discusión. Además del potencial minero, el área posee recursos turísticos y ambientales de relevancia, con sectores cercanos al Parque Provincial Ischigualasto, lo que incrementa el interés de ambas provincias por sostener sus posiciones.

Con ambos gobiernos endureciendo sus posturas y preparando sus argumentos legales, el diferendo limítrofe parece encaminado a convertirse en uno de los litigios federales de mayor impacto de los últimos años, con la Corte Suprema como escenario de una disputa que combina historia, soberanía provincial y el control de recursos naturales estratégicos.