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Goyochea advirtió que los casos de usura serán derivados a la Policía y la Justicia

El Asesor General de Gobierno explicó que el decreto contempla la intervención de los organismos de seguridad y del Ministerio Público Fiscal cuando existan situaciones que puedan constituir este tipo de delito.

Lunes 31 de Agosto de 2026

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12:02 | Lunes 31 de Agosto de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

El Gobierno provincial anunció que los casos de usura que sean detectados podrán ser puestos en conocimiento de los organismos de seguridad y de la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes.
 
Pedro Goyochea, Asesor General de Gobierno, explicó durante una conferencia de prensa que el decreto provincial contempla mecanismos específicos para abordar aquellas situaciones en las que puedan existir prácticas de usura.
 
“En aquellos casos de usura, a través de las autoridades respectivas, se va a poner en consideración el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal”, señaló.
 
Según explicó, la intervención de esos organismos permitirá que se adopten las medidas correspondientes ante situaciones que puedan configurar este tipo de delitos.
 
Goyochea indicó que las acciones forman parte de un esquema más amplio de regulación del mercado crediticio y de protección de las personas que recurren a préstamos.
 
En ese marco, sostuvo que la problemática será abordada también mediante los controles administrativos que llevará adelante la Subsecretaría de Comercio Interior, particularmente a través del área de Defensa del Consumidor.
 
“La acción programada, sistemática e institucionalizada por parte del Gobierno” estará orientada, según explicó, a atender la problemática vinculada con el endeudamiento y su financiamiento.
 
El funcionario remarcó que el objetivo es que las herramientas administrativas permitan detectar situaciones que excedan la actividad financiera legítima y requieran una intervención de otros organismos.
 
“Las normas de procedimientos se van a dar en el ámbito de la Subsecretaría de Comercio Interior, particularmente lo que tiene que ver con Defensa del Consumidor”, detalló.
 
De esta manera, el Gobierno busca combinar controles administrativos sobre quienes otorgan créditos con la intervención de las fuerzas de seguridad y la Justicia cuando se detecten situaciones que puedan constituir delitos.

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