Colombia levanta la suspensión general para portar armas: "La gente decente debe poder defenderse"

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este martes la firma de un decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en el país. Según explicó el mandatario, la decisión modifica el esquema de restricciones vigente, pero no elimina los controles establecidos para acceder legalmente a un arma.

A través de su cuenta de X, De la Espriella sostuvo que durante años las restricciones afectaron principalmente a los ciudadanos que cumplen con la ley, mientras que los grupos criminales continuaron accediendo a armamento de manera ilegal.

“Eso tiene que cambiar”, afirmó el presidente. En un video publicado junto con el anuncio, planteó que esta situación generaba una diferencia entre los llamados “ciudadanos de bien” y quienes utilizan armas para cometer delitos.

“No hay derecho de que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse. El 99.9% de los delitos cometidos con armas se cometen con armas ilegales”, sostuvo.

Qué requisitos seguirán vigentes para portar un arma

El mandatario aclaró que el levantamiento de la suspensión general no significa que cualquier persona podrá portar un arma sin autorización: "Por supuesto los requisitos para portar armas siguen siendo muy estrictos".

De acuerdo con su explicación, quienes quieran acceder a un permiso deberán reunir determinadas condiciones físicas, psíquicas y emocionales y, además, no contar con antecedentes. De esta manera, el decreto anunciado busca modificar la suspensión general, pero mantiene los controles para determinar quiénes pueden obtener legalmente un permiso de porte.

Abelardo de la Espriella, el presidente de Colombia

Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images

El argumento del Gobierno: las armas ilegales en manos de grupos criminales

Para justificar la decisión, el presidente colombiano presentó cifras correspondientes a los operativos realizados por la Fuerza Pública. Según informó, entre el 1° de enero y el 3 de septiembre fueron decomisadas 15.700 armas de fuego en distintos procedimientos. De ese total, 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos, de acuerdo con los datos difundidos por el mandatario.

Además, indicó que 980 armas estaban vinculadas con estructuras disidentes, mientras que 551 correspondían al Clan del Golfo y 339 al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El presidente también destacó el tipo de armamento encontrado durante los procedimientos contra las disidencias. Según detalló, fueron incautados 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros: "Ese es el poder de fuego que el Estado tiene que perseguir y destruir”, afirmó de la Espriella.

La defensa del Gobierno a la medida

El argumento central del Ejecutivo es que las restricciones al porte legal no deberían dejar desprotegidos a los ciudadanos mientras los grupos criminales continúan utilizando armas obtenidas ilegalmente.

En ese sentido, de la Espriella afirmó que la decisión busca “devolverle la posibilidad al ciudadano de bien la posibilidad de defenderse”. El mandatario cerró su anuncio con una definición que resume la posición del Gobierno sobre el cambio en la política de porte de armas: "La seguridad de Colombia no puede seguir construyéndose desarmando al ciudadano que cumple la ley y dejando armados a los bandidos”.