El Gobierno aprovecha el clima social, acelera la reforma del Código Penal y reinstala "la mano dura"

Apalancado por el repudio generalizado a los fallos judiciales que frenan en algunos distritos la aplicación de la ley penal juvenil y por la ola de inseguridad en el conurbano, el Gobierno de Javier Milei acelera con la doctrina de mano dura con una reforma integral del Código Penal, que puede ver la luz en las próximas semanas.

Es una fuerte apuesta de los libertarios que fijan penas más duras para “motochorros”, “trapitos” y establecen denuncias penales contra inmigrantes ilegales, sosteniendo la impronta nacionalista post mundial.

En las usinas libertarias observaron detenidamente la evolución de la opinión pública, donde afloraron los cuestionamientos al garantismo de algunos jueces y el recrudecimiento de brutales hechos policiales, dimensionados por impactantes imágenes que se viralizaron en las últimas semanas.

El oficialismo se apuró a desempolvar algunos expedientes claves y avizora que, acelerando su agenda de seguridad, puede recuperar capital político en medio de la tormenta por la repercusión negativa de los recortes en discapacidad y el temor de quedar definitivamente calificados como insensibles, a poco tiempo de las elecciones.

En los despachos hay un debate permanente acerca de la necesidad de mostrar gestos directos hacía los reclamos más terrenales de los argentinos, empezando por la economía pero también en otros aspectos que reflejan claramente las encuestas. Y ahí está la participación cada vez más activa de Karina Milei, quien decidió empezar a hablar públicamente y busca enviar señales contundentes para promover la reelección de su hermano, mientras intenta imponerse en una interna que eclipsa muchas reformas.

Con una reactivación económica aún pendiente y sin un corto plazo absolutamente prometedor, en los pasillos de la Rosada buscan retomar la agenda viendo que existe un importante respaldo popular para pisar firmes. Representa un tema que el Gobierno puede explotar para rivalizar directamente con Axel Kicillof, su contendiente favorito para el próximo año.

En medio del Presupuesto, la reforma electoral y los reclamos por Malvinas, el Gobierno prevé presentar pronto la reforma del Código Penal, con una batería de cambios que endurecerán fuertemente las penas contra los delincuentes. El debate interno es si hay margen para instalar el tema ahora, sabiendo que hay un clima social que acompañaría la iniciativa, o es mejor instalar el debate más cerca de los comicios.

Las gestiones son encabezadas por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques, que ya tiene listo el texto hace un tiempo y lo presentó al área de Legal y Técnica, que conduce la caputista María Ibarzabal Murphy. En el entorno del funcionario karinista esperan que en el área que administra el asesor presidencial “no aparezca ninguna traba” y “no se demore más de la cuenta”. La desconfianza existe y tiene ejemplos recientes, como el ajuste en discapacidad, Propiedad Privada, el proyecto por Malvinas y varias diferencias en la letra chica de este nuevo código penal.

Una vez que supere el filtro de las Fuerzas del Cielo, el proyecto lo deberá ratificar Milei y debería pasar por la mesa política, ámbito que pasó a la fama por las explosivas declaraciones de Patricia Bullrich en los últimos días.

El texto establece un rotundo giro que apoyará legalmente a quienes se defiendan de un robo o hecho violento. Prevalecerá la defensa propia. “Si quieren ingresar a tu casa por la fuerza, vas a poder rechazarlos sin cuestionamientos”, apuntaron desde la mesa chica libertaria.

También se empoderará la labor de los policías. Con el caso Chocobar como emblemático, se instrumentará legislación para defender al efectivo que utilice la fuerza reglamentaria. Será una buena oportunidad para el oficialismo en su afán de avanzar con la batalla cultural contra el kirchnerismo, que, hasta hoy en día, critica el uso de las pistolas taser y condena cualquier respuesta policial sin importarle el contexto.

A su vez, se propone que rija la imprescriptibilidad de los delitos sancionados con pena de prisión perpetua. También se plantea el aumento del plazo de prescripción de delitos graves e interrupción de cualquier beneficio penitenciario para quien incumpla con sus sentencias. Actualmente, los delitos prescriben cuando se cumple el máximo de la pena, pero nunca más de 12 años. La reforma lleva ese máximo a 15 años, salvo las sentencias perpetuas.

El Gobierno se mete en la discusión sobre los “Trapitos” y “Motochorros”, quienes podrían recibir penas de hasta 8 y 15 años de prisión, respectivamente.

Esas dos modalidades delictivas fueron defendidas durante décadas por el kirchnerismo, que buscó institucionalizar a los “cuidacoches” en reiteradas ocasiones en el Congreso, mediante distintos proyectos de regulación que quedaron truncos.

La agrupación Justicia Legítima, vinculada a los K, llegó a emitir comunicados cuestionando al macrismo por las denuncias contra jueces que habían liberado motochorros. Por ejemplo, en 2023 fue detenida la diputada Natalia Zaracho, que responde a Juan Grabois, tras intentar asistir a un adolescente de 14 años que presentaba 21 antecedentes.

A su vez, el Ejecutivo renovará sus leyes migratorias en otro intento de los libertarios de mostrarse inflexibles con quienes delinquen en el país e, incluso, con quienes ingresaron irregularmente al país, quienes serán denunciados penalmente.

Se penalizará con hasta 6 años de prisión “a quien promueva o facilite el cruce ilegal de fronteras o la permanencia de extranjeros con fines de lucro”.

En 2025, La Cámpora buscó derogar el decreto de Milei que reformaba la Ley de Migraciones e imponía mayores controles a los extranjeros. Sin embargo, no lograron consenso para boicotear el DNU. Reintentaron la medida buscando voltear la disposición presidencial de penalizar “los mensajes de odio” contra “el pueblo argentino”, también sin éxito.