Además de Cristina Kirchner, quiénes integran la "lista negra" de Estados Unidos

11:24 | Sábado 22 de Marzo de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

El gobierno de Estados Unidos mantiene una lista de funcionarios y exmandatarios latinoamericanos a los que les prohíbe el ingreso al país, en el marco de su estrategia global para sancionar la corrupción y las violaciones a los derechos humanos. En las últimas horas, la expresidenta argentina Cristina de Kirchner fue incluida en ese listado, sumándose a otros referentes políticos de la región.

La sanción se enmarca en la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Congreso estadounidense, que permite aplicar restricciones de visa a personas señaladas por “corrupción significativa” o violaciones graves de derechos humanos. Estas medidas también alcanzan a los familiares directos de los sancionados.

Entre los nombres más destacados de la lista figuran:

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua.

Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, expresidente y actual mandatario de Cuba.

Horacio Cartes, expresidente de Paraguay.

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, actualmente detenido en EE.UU. por narcotráfico.

Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, condenado por blanqueo de capitales.

Rafael Correa y Jorge Glas, expresidente y exvicepresidente de Ecuador, condenados por corrupción.

Cristina Fernández de Kirchner, exmandataria argentina, condenada en la causa Vialidad.

Julio De Vido, exministro de Planificación argentino, procesado en múltiples causas judiciales.

El Departamento de Estado también sancionó a funcionarios judiciales y policiales de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, acusados de manipular causas judiciales, colaborar con pandillas o reprimir a opositores.

Estas sanciones han generado tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y los gobiernos señalados, que en algunos casos las consideran una injerencia en sus asuntos internos. Sin embargo, desde Washington aseguran que se trata de una herramienta legal para “fortalecer el Estado de derecho y proteger la democracia” en América Latina.