El procedimiento seguido por la Cámara de Senadores de la Nación para expulsar de su seno al senador Edgardo Kueider, configura una grave violación al Reglamento de dicho cuerpo y a los derechos y garantías fundamentales establecidas por el artículo 18 de la Constitución Nacional, tales como el del debido proceso y el derecho de defensa.

La Constitución Nacional en su artículo 66 dispone que cada Cámara hará su reglamento y podrá, con dos tercios de sus votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación y hasta excluirlo de su seno.

El artículo 204 del Reglamento senatorial dice que en caso de que un senador incurra en faltas más graves que las previstas en este título, que son las que se originan en el curso de un debate, como el llamamiento a la cuestión, y al orden y la prohibición del uso de la palabra, la Cámara a invitación del presidente o a petición de cualquier miembro, decidirá, por una votación sin discusión, si es o no llegado el caso de usar la facultad que le acuerda el artículo 66 de la Constitución, y en caso afirmativo el presidente nombrará una comisión de 3 miembros para que proponga las medidas pertinentes.

La mayoría de los senadores que aprobaron la sanción y la Presidenta del Senado ignoraron lo dispuesto por el artículo 204, y no pidieron la formación de la comisión que debería haberse expedido sobre las medidas a tomar para juzgar al senador imputado. Asimismo es muy grave que no se le haya posibilitado el derecho de defensa, principio fundamental de todo procedimiento sancionatorio, ya sea penal o disciplinario. Sobre todo en este caso en que se aplicó al legislador la pena más grave prevista en la CN y en el Reglamento

Sostuve esta posición en mi obra Derecho Procesal Parlamentario, (La Ley, 2ª edición, página 120) donde digo que la comisión referida debe citar al legislador cuestionado, hacerle conocer los cargos formulados y “darle la oportunidad para ofrecer las pruebas y efectuar su defensa, debiéndose, debiéndose respetar las garantía del debido proceso, acordes con el artículo 18 de la CN.” En igual sentido opina Jorge Gentile al afirmar que: “Para que se proceda a corregir, remover o excluir, son necesarios que se respeten las garantías del debido proceso del acusado y que la sanción se imponga por 2/3 de los votos” (Derecho Parlamentario, Ciudad Argentina, página 212)

Algunos dicen que la expulsión es una cuestión interna del Senado, por lo que no sería posible la intervención judicial. Hay jurisprudencia contraria a esa posición, citando como ejemplo, entre otros, el caso del rechazo por el Senado del ascenso del Capitán Julio C. Binotti, en el cual la CSJN declaró nula la votación, por entender que los que se abstuvieron debían computarse como presentes y no ausentes como lo había decidido el cuerpo. El mismo Tribunal dejó sin efecto las resoluciones de la Cámara de Diputados negando la incorporación de los diputados electos Domingo Bussi y Luis Patti.

En síntesis, opino que el procedimiento “exprés” seguido para expulsar al senador imputado es nulo, al igual que la sanción adoptada. Sería muy peligroso validar este procedimiento, porque abriría la puerta para otras medidas similares por razones políticas. Si se comprueba lo que hasta hoy sólo se conoce por informaciones periodísticas, corresponde la expulsión, pero siguiendo el procedimiento legal.

Eduardo Menem es ex senador nacional. Ex presidente provisional del Senado.