La irrupción de Javier Milei en el escenario político y su marcha hacia el poder, tan acelerada como exitosa, sembraron la vida pública de incógnitas. Las elecciones del año próximo se encargarán de despejar algunas de ellas. Por ejemplo, si la extrema derecha, encarnada en La Libertad Avanza, conquistará a todo el electorado disponible, como sucedió en Brasil, o si habrá un espacio para que una variante menos radicalizada, la que representa Pro, sobreviva con una relativa autonomía, como sucede en España.

Por varios motivos esas comparaciones son imperfectas. Pero esquematizan de manera comprensible el duelo entre Milei y la familia Macri. El principal campo de ese duelo es la ciudad de Buenos Aires.

Jorge Macri percibe con claridad la amenaza. Teme que la oferta porteña de La Libertad Avanza no sólo capture las principales candidaturas nacionales, empezando por dos senadurías, sino que, en el arrastre, amplíe su presencia en la Legislatura local y ponga en jaque la gobernabilidad del distrito. La respuesta del jefe de Gobierno es desdoblar las elecciones. Es decir, sustraer la discusión de los cargos de la Ciudad de la puja por los bancas nacionales, en la que las Fuerzas del Cielo son más poderosas.

La estrategia de Jorge Macri tiene algunos puntos débiles. El viernes anunciará que se votará en julio. Pero, para esa fecha, ya se sabrá cuáles serán las alianzas que competirán en octubre en el orden nacional y, lo más delicado, con qué dirigentes encabezarán sus listas. Las alianzas se deben oficializar el 15 de Mayo, y las listas, el 7 de Junio. Quiere decir que habrá un desacople fáctico: elecciones en dos días distintos. Pero no político: los candidatos a las senadurías y diputaciones nacionales intervendrán en el torneo de la Ciudad, aun cuando se los vote más adelante. Para evitar esa superposición, el alcalde debería haber formulado su convocatoria el último octubre.

Los inconvenientes procesales son secundarios respecto de la encrucijada principal. El exintendente de Vicente López tendrá que demostrar que su gestión merece ser expuesta en una elección recortada del debate nacional. Un desafío exigente porque, en el mismo momento en que decide encararlo, le estalla una crisis en un área de altísima sensibilidad electoral, como es la gestión de la seguridad.

La fuga

Una nueva fuga de presos forzó a Macri a desplazar a la cúpula de la Policía Metropolitana que había designado en febrero. Los 17 detenidos escaparon caminando de una alcaidía de Liniers a través de un boquete abierto con toda facilidad a través de una pared de ladrillo hueco. Una patrulla de esa misma fuerza salió a buscarlos 40 minutos más tarde de que salieran del local donde estaban encerrados.

Macri y su ministro Waldo Wolf responsabilizaron a Pablo Kisch y Horacio Azzolina, jefe y subjefe de la Metropolitana. Hubo otros despidos. Entre ellos, uno crucial: el del superintendente de Operaciones, Marcelo Noguerol. Kisch y Azzolina fueron reemplazados por Diego Casaló y por Carla Mangianelli, que había sido la responsable que investigar la anterior fuga de presos, que ocurrió a comienzos de mes en Pompeya. En aquella oportunidad, Wolf exoneró al director de Alcaidías, Sebastián Vela. Ahora ese despido se transforma en una ironía. El 14 de mayo pasado, Vela había solicitado el equipamiento de la dependencia de la que el lunes pasado se fugaron los 11 delincuentes, para evitar ese tipo de percances. Pidió se instalen dispositivos tan elementales como cadenas en las puertas de las celdas y un enrejado en el techo de los pasillos, entre otras prevenciones.

La decisión de culpar a la Policía por el descontrol de los presos se reforzó con una audaz declaración del fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahíques, que anunció una investigación sobre toda la fuerza. Esa novedad irritó más a los policías, que sienten que se los inculpa por los desaguisados de un sistema destinado a fracasar. Las comisarías porteñas están en condiciones de contener, en un promedio aproximado, 12 detenidos por dependencia. En casi todas hay más de 30. A pesar de que sólo el 5% de esas detenciones fueron dispuestas por la Justicia local. El resto corresponde a decisiones de los jueces nacionales, es decir, jueces del fuero ordinario con competencia en la Ciudad. Como demuestra la solicitud del exdirector Vela, o la curiosidad de que la pared por la que escaparon los delincuentes de Liniers fuera de ladrillo hueco, esas instalaciones no pueden garantizar el encierro de nadie. Más allá de la falta de personal: en el Servicio Penitenciario Federal hay un guardiacárcel por cada 4 presos; en las comisarías porteñas, hay 1 cada 15. Este panorama es significativo porque casi garantiza que se seguirán produciendo fugas. ¿Seguirán echando a directivos policiales cada vez que se repitan?

Las deficiencias del sistema no excluyen que en algún caso pueda haber complicidad policial con los que se escapan. Se supo de un policía que cobraba un soborno por cama. Y en la huida de Pompeya las cámaras de seguridad registraron un cuadro capussottiano. Los delincuentes que se iban se despidieron con un beso de una oficial que llegaba a la repartición para hacerse cargo del servicio. El romanticismo de algunos entendidos llevó a pensar que se había formado una pareja entre uno de los facinerosos y la agente. Con regalos y todo.

En vano el gobierno porteño ha intentado atenuar la crisis “carcelaria” acordando con el gobierno nacional. Patricia Bullrich admitió que las prisiones federales alojen a delincuentes que operan en la Ciudad. Después de todo, los que los encierran son magistrados nacionales. Pero para absorber a esos detenidos el Ministerio de Seguridad de la Nación fijó algunos cupos. Debe haber tantos violadores, tantos ladrones, tantos homicidas… Si no se cubre el cupo de cada categoría, el número general se reduce. Siempre hay malpensados que atribuyen estas mezquindades del ministerio de Bullrich a la disputa interna que la ministra lleva adelante con los Macri. Habladurías. Más allá de que Bullrich sueña con ser jefa de Gobierno en 2027, impidiendo la reelección del actual alcalde.

La tormenta que se desencadenó por el escape de los 17 detenidos se integra en una secuencia que mortifica a Jorge Macri. Al día siguiente de ese papelón, Milei le birló al viceministro de Seguridad, Diego Kravetz, quien pasó a convertirse en subdirector de la Side. Macri y Wolf se enteraron por un tuit de Manuel Adorni. Recién consiguieron reemplazante, Ezequiel Daglio, a las 11 de la noche de aquel día. Las Fuerzas del Cielo no están exentas de algún grado de crueldad. En el Ministerio de Seguridad estuvieron siempre convencidos de que Wolf soñaba con ocupar el lugar que le tocó a Kravetz.

El ministro porteño tiene una propensión muy marcada por los juegos de espionaje. Cultiva una afectuosa camaradería con Ignacio Jiménez, el segundo de la Agencia de Seguridad Nacional, área de la Side dedicada a las operaciones interiores. Jiménez es representante de futbolistas, pero ganó celebridad como dueño de la excelente trattoria Il Ombú, en Parque Patricios. Wolf no sólo está entusiasmado con las tareas de inteligencia de Jiménez; también se dejó llevar por el fervor gastronómico: asoció a su esposa en un restaurante de Palermo, también de especialidades italianas.

Entre Wolf y Jiménez hay un eslabón: Lucas Nejamkis, el secretario privado del tenebroso Antonio “Jaime” Stiuso. Jiménez es hijo de Miguel Jiménez, un operador importantísimo del mundo de las importaciones de electrónicos, que siempre fascinó a Stiuso. Nejamkis también tiene afición por el espionaje y, en algunos círculos, se anima a ofrecer servicios sin la tutoría de su experimentado jefe, “Jaime”. Los chicos crecen. Sin embargo, la premura por abrir las alas ha llevado a estos aprendices a cometer algunos desaciertos. El último podría ser desopilante, si no revistiera tanta gravedad. La policía, a las órdenes de Wolf, venía investigando al conductor de un auto que prestaba servicios para Uber y que estuvo conectado con la peripecia del colombiano Carlos Camacho, asesinado en los bosques de Palermo. El chofer se detuvo en una comisaría para denunciar que otro choche lo venía siguiendo. Cuando los policías detuvieron a ese vehículo, los tres hombres que viajaban en él alegaron estar ejecutando un operativo de la Side. Sin orden judicial que lo consintiera. Error que jamás hubiera cometido Stiuso.

La gestión de Jorge Macri recibió ayer otro ataque de fuego que, habría que suponer, es amigo. La diputada Marcela Pagano, pareja del abogado Franco Bindi, hizo una denuncia contra los agentes de tránsito porteños que detuvieron a diplomáticos rusos para hacerles un control de alcoholemia. Horas antes, la embajada de Rusia había emitido un comunicado afirmando que se violaba la Convención de Viena. Pagano milita en una fracción disidente de La Libertad Avanza.

Sobre los problemas en el área de seguridad se afirma ahora un nuevo interrogante: ¿el jefe de Gobierno buscará una renovación en la gestión de esa área y enviará a Wolf a cubrir algún espacio en las listas electorales? Es la especulación que comienza a ganar espacio en el Pro. Sería una paradoja: las elecciones desdobladas ya no servirían para exhibir sino para ocultar la gestión municipal.

Las irregularidades y desaciertos que aparecen en la administración de la seguridad porteña se inscriben en un proceso de deterioro que afecta al país desde hace muchos años. La prueba más elocuente acaba de aparecer en el caso del asesinato de Nora Dalmasso, ocurrido en Rio Cuarto hace 18 años. Al cabo de un lapso tan extenso, aparece un sospechoso no considerado por la investigación. Es Roberto Bárzola, empleado del carpintero Walter Ángel González, que realizaba el pulido del parquet de la casa de la víctima.

La escandalosa impericia de la Justicia en este crimen no se debe sólo a que hubo pruebas que no se consideraron. Como el vello que había aparecido en la ingle de Dalmasso y que, ahora se sabe, es compatible con el ADN de Bárzola. Tampoco con los restos de ADN, que imputan al mismo obrero, aparecidos en el cinto de la bata con la que la víctima fue ahorcada.

Lo más grave es otro “detalle”. En 2007, los abogados del esposo de Dalmasso, Marcelo Macarrón, habían pedido la colaboración de la consultora en seguridad IFPC International Group Inc., liderada por el agente del FBI retirado Stephen Walker y por la abogada Mariana Azar. Bajo la dirección de Azar, un equipo de siete investigadores examinó todo el expediente Dalmasso y produjo un informe. En este texto analizaron todas las hipótesis consideradas hasta entonces. Pero, al final del escrito, pusieron la lupa sobre Bárzola. Cotejaron los testimonios de González y los del mismo empleado con otros datos surgidos del caso. Encontraron lagunas y contradicciones. Al cabo de esa evaluación, recomendaron investigar a Bárzola.

En aquel momento, Walker y Azar expusieron sus razonamientos y conclusiones delante de Darío Vezzaro, quien en febrero de 2007 había sido designado por José Manuel de la Sota fiscal general de Córdoba para desentrañar el asesinato de Dalmasso. Vezzaro se habría entusiasmado en un primer momento con las novedades. Pero enseguida la hipótesis fue despreciada. Al parecer, hubo una orden política de no fijar la atención en “perejiles” como el ayudante de parquetero. Los investigadores oficiales ya habían apuntado al pintor Gastón Zárate, generando una ola de indignación en la opinión pública de Rio Cuarto, que creyó ver en esa acusación una maniobra para proteger a un responsable de más volumen ligado a la política. Con esa lógica se descartó a Bárzola. En el camino fueron señalados como culpables el hijo de Dalmasso, Facundo Macarrón, su esposo Marcelo, y, con distintos grados de involucramiento, el secretario de Seguridad cordobés Alberto Bertea y el abogado Daniel Lacase. Dieciocho años más tarde se llega a una conclusión que podría haber sido evidente desde el comienzo, si el sistema judicial no se hubiera expuesto a seguir los vientos de la opinión pública. Walker y Azar vieron lo que nadie quiso ver. Igual que Santiago Vela, que avisó que de la alcaidía de Liniers podrían escaparse delincuentes detenidos.

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