Entre Ríos: detienen a un funcionario clave del exgobernador Gustavo Bordet en una causa por corrupción
Se trata de Jorge González, expresidente de Enersa, una de las compañías a las que la empresa Securitas habría pagado coimas para quedarse con los contratos de seguridad privada
La jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso la detención de Jorge González, expresidente de Enersa, una de las compañías a las que la empresa Securitas habría pagado coimas para quedarse con los contratos de seguridad privada.
La titular del Juzgado Federal de San Isidro ordenó además el allanamiento del domicilio del extitular de la empresa eléctrica provincial. González vive en el barrio privado Puerto Barrancas, ubicado en una zona exclusiva de Paraná, la capital provincial. Fue trasladado a Buenos Aires y el lunes será indagado por la magistrada.
El exfuncionario estuvo al frente de la empresa entre 2017 y 2021, lapso que se ubica entre el último tramo de la primera gestión de Bordet al frente de la provincia y los inicios de la segunda. Llegó luego de experiencias en otras distribuidoras eléctricas y con el antecedente de haber sido jefe de gabinete de la Municipalidad de Paraná entre 2003 y 2007, cuando gobernaba el peronista Julio Solanas.
En el operativo, realizado durante el sábado por personal de Gendarmería, se secuestraron elementos de interés para la causa Securitas. Esta investigación se inició por una autodenuncia de la firma por el pago de coimas a funcionarios de organismos y empresas estatales para ganar las contrataciones de seguridad privada.
Enersa es una empresa clave para el Gobierno de Entre Ríos. Presta servicio de distribución en gran parte de la provincia. Y actúa como transportadora para las cooperativas que cubren el resto del territorio. Es una sociedad anónima que se rige por la ley de sociedades comerciales y ha sido superavitaria desde su constitución hace dos décadas.
Dos empresarios de Entre Ríos, Gustavo y Claudio Tortul, están procesados en esta causa que tuvo como derivación la investigación por enriquecimiento ilícito contra el ex senador Edgardo Kueider.
Arroyo Salgado pidió a la Gendarmería que secuestrara en el domicilio de González toda documentación relacionada con Enersa, Securitas y empresas vinculadas a la causa o que tenga relación con los hermanos Tortul. También celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos. La fuerza debía retener dinero en efectivo y claves de acceso a billeteras virtuales. Además, requirió que se requise documentación contable de bienes muebles e inmuebles.
Durante el allanamiento, Gendarmería secuestró 270.974 dólares, 12.000 euros y casi 700.000 pesos.
La causa Securitas se inició en 2020 tras una investigación interna de la filial argentina de la empresa de seguridad privada. En 2019, una auditoría en la empresa de seguridad y vigilancia privada Securitas Argentina detectó el pago de coimas a funcionarios públicos, al menos, desde 2013, para garantizarse contratos con empresas y organismos estatales en todo el país, o cobrar servicios adeudados en gestiones anteriores.
La entonces filial argentina de Securitas AB, cuya casa matriz está en Suecia, se autodenunció en febrero de 2020 y ofreció colaborar con la investigación judicial, en el marco del Régimen de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas. Allí se detectaron indicios de supuestos pagos de coimas a funcionarios entre fines de 2016 y principios de 2019, para lograr y mantener contratos con distintos organismos y empresas estatales. Una de ellas era Enersa.
De acuerdo a la propia investigación interna de Securitas y los mensajes analizados del material incautado en distintos allanamientos en la causa Securitas, los hermanos Tórtul habrían efectuado pagos en efectivo a funcionarios de Enersa, para garantizarse la renovación del contrato con esa empresa estatal. El dinero para el pago de los sobornos habría sido obtenido a través de un supuesto proveedor fraudulento de nombre Tornell SA, que era en realidad otra empresa de los Tórtul, que le facturaba a Securitas sin brindar ningún servicio.
En el expediente, los dos hermanos tienen un procesamiento confirmado por la Cámara Federal de San Martín el 4 de diciembre pasado. Están acusados de asociación ilícita -en carácter de organizadores- en concurso real con cohecho activo -coautores-, y negociaciones incompatibles con la función pública -en carácter de partícipes necesarios.
