En declaraciones, Cañabate, indicó que la situación que está atravesando el gremio “es delicada” porque “hace 4 meses” no tienen actualización de paritarias y, en este escenario, el Ejecutivo Nacional quiere “deslegitimar” el derecho a huelga.

“Esta actitud del Gobierno, a través de Vialidad y Transporte, pretende deslegitimizar una huelga que tenemos amparada por la Constitución. No respetan los derechos del trabajador y los despiden por una represalia contra el sindicato”, aseguró.

Asimismo, añadió que van a seguir tomando medidas de fuerza “más allá de las amenazas” e, incluso, harán lo correspondiente no sólo “gremialmente”, sino ante la Justicia porque “exigirán la reincorporación de los 117 trabajadores” que fueron desvinculados de manera “ilegítima”.

“Han despedidos a compañeras que estaban dentro del periodo de lactancia y a compañeros que le faltaban tres meses para jubilarse. Hay estaciones cerradas por falta de personal. Al Gobierno no le interesa nada, solo amenazar y amedrentar a los trabajadores”, señaló.

Por otra parte, la secretaria gremial indicó que “desde enero” la actual gestión “no se sienta a negociar nada” con SUTPA y que si su iniciativa es “privatizar” la empresa, que lo haga de manera “seria”.

Días atrás, Corredores Viales S.A. envió telegramas de despido a 117 empleados que persistieron con el paro realizado por SUTPA; las jornadas de protesta sucedieron la semana pasada y, según la empresa, afectaron las operaciones que le causaron al Gobierno “una pérdida millonaria”.

“No discutimos si es mejor lo público o lo privado, no tenemos problema si es un proceso de privatización serio y si el privado mejora las rutas a través del cobro del peaje”, concluyó.

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