Arranca en España un juicio histórico contra los independentistas catalanes

16:49 | Sábado 09 de Febrero de 2019 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

Por los pasillos del Tribunal Supremo español se pronostica que el juicio al procés, que se inicia el martes 12 de febrero, será el más mediático de la historia de este alto tribunal que nació en tiempos de los Reyes Católicos, a finales del siglo XV.

El proceso, que seguirán más de 600 periodistas acreditados de 170 medios nacionales y extranjeros, juzgará a los líderes independentistas catalanes que promovieron y organizaron el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017 -que el Tribunal Constitucional español declaró ilegal- y la posterior declaración unilateral de independencia de Cataluña.

Por esta causa, que cuenta con 1.800 folios de alegatos de las defensas, se sentarán en el banquillo el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; los ex consellers (ministros) Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santiago Vila; la ex presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell; y dos líderes sociales soberanistas: el ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, y el líder de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart.

Pero estos doce acusados no son los únicos responsables de haber desafiado la unidad territorial de España: en octubre de 2017, horas después de la declaración de independencia, y mientras el por entonces presidente Mariano Rajoy aplicaba el artículo 155 de la Constitución que permite intervenir una autonomía desobediente, el ex presidente catalán Carles Puigdemont y otros cuatro ex consellers (ministros) de su gabinete abandonaron España y se refugiaron en Bélgica y en Escocia. Puigdemont pidió declarar en el juicio por videoconferencia. El Tribunal Supremo, que lo considera “huido de la justicia”, se lo negó.

La Fiscalía pide para los doce acusados condenas de entre 7 y 25 años de prisión por los presuntos delitos de rebelión, malversación de fondos públicos y desobediencia.

La Abogacía General del Estado plantea penas de entre 7 y 12 años de reclusión: hace hincapié en una presunta sedición y no en la rebelión, que implica una sentencia más severa.

La web del Poder Judicial transmitirá en directo las sesiones que se celebrarán de martes a jueves en el salón de plenos del alto tribunal, que tiene capacidad sólo para cien personas. “Es un reto para nuestra imagen, para mostrar la calidad de nuestro sistema judicial y de nuestra democracia que algunos quieren poner en duda”, dijo el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.

La fiscal general del Estado, Maria José Segarra, rechazó la presencia de observadores internacionales que había solicitado el independentismo en su intención de convertir este juicio oral en vocero de la causa soberanista. “La justicia española es plenamente respetuosa con las garantías de todos”, dijo Segarra.

Nueve de los doce acusados estaban ya con prisión preventiva en penales de Cataluña y fueron trasladados a dos cárceles de Madrid. Desde allí viajarán a diario hasta los calabozos de la Audiencia Nacional para asistir a las sesiones.

“Soy inocente y, por lo tanto, no me planteo pedir un indulto por un delito que no cometí”, dice Oriol Junqueras, el principal acusado, detenido desde noviembre de 2017 y para quien la Fiscalía pide la pena mayor: 25 años.

Su defensa apuntará a demostrar que nunca incitó a la violencia y que actuó según el mandato de representación otorgado por la ciudadanía. Reconoce su responsabilidad para llevar adelante el referéndum pero niega haber usado fondos públicos para esa votación que define como “la única decisión de ejecución unilateral que se llevó a cabo”. En su defensa, restará importancia a la declaración unilateral de independencia, subrayando que se trató de “una expresión más de la voluntad política soberanista sustentada en una actuación pacífica, democrática, legítima y parlamentaria para generar un escenario de negociación multilateral ineludible (entre Cataluña, España y la Unión Europea) basado en el respeto a los principios democráticos”.

Se especula con que el juicio finalice antes de mayo, para evitar que haga interferencia en las elecciones europeas y municipales.

Alborotado por la decisión del Supremo de llevar el juicio oral a Madrid y no hacerlo en Barcelona, escenario de los acontecimientos que se juzgan, el independentismo ya está organizando un calendario de movilizaciones en apoyo de los líderes que serán juzgadosy que el soberanismo insiste en llamar “presos políticos”. Habrá marchas el 12 y el 16 de febrero, una huelga general en Cataluña prevista para el 21 y otra manifestación en Madrid el 16 de marzo. Tomarán las calles con una consigna: “La autodeterminación no es delito”.