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Fue citado un plenario de tres comisiones para este jueves a las 10. Entre otras medidas, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo baja la edad de imputabilidad a 15 años.
Martes 26 de Marzo de 2019
18:53 | Martes 26 de Marzo de 2019 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
La Cámara de Diputados arrancará este jueves, a partir de las 10, con el debate de un nuevo Régimen Penal Juvenil, el proyecto que fue enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 1ro. de marzo, luego del anuncio del presidente Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa.
La iniciativa, que contiene 100 artículos, será analizada por las comisiones de Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y Presupuesto y Hacienda -todas comandadas por el oficialismo-, en el Anexo “C” de la Cámara baja.
El proyecto tiene como eje central la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 15 años. Además, establece la intervención de una justicia especializada en la adolescencia y plantea que la prisión será el “último recurso” y “por el plazo más breve posible”.
Otro de los puntos centrales es que los adolescentes “no serán pasibles de sanciones privativas o restrictivas de la libertad en función de infracciones de naturaleza contravencional o de faltas”. Y el máximo de años de cárcel será de 15 y quedará prohibida “la imposición de reclusión y de prisión perpetua”.
Por otra parte, uno de los artículos propone que en caso que las víctimas den su consentimiento, y sólo ante delitos menores, se incorporarán mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos, como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo.
También se prevén sanciones socio-educativas, tales como la asistencia a programas de formación ciudadana; la capacitación laboral, cultural y deportiva; o el tratamiento médico o psicológico.
La prisión preventiva para los jóvenes de entre 15 y 18 años deberá ser por el plazo de un año. Además se habla de distintos tipos de detenciones: domiciliarias, de “fines de semana”, en centros abiertos y en centros especializados, donde los menores “desarrollarán actividades formativas, educativas, laborales y de ocio”.
Los procesos judiciales contra adolescentes no serán públicos, excepto que el adolescente, con asistencia letrada, lo solicite. Se prohíbe asimismo la publicación de nombres, sobrenombres, filiación, parentesco o residencia del adolescente o su familia, como así también fotos o cualquier otro dato que posibilite su identificación.
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