Sociedad

Procesaron a 7 personas por el delito de explotación sexual

A las mujeres se les exigía -bajo presiones y amenazas- acompañar a los clientes para que consuman alcohol y luego que mantengan relaciones sexuales en un albergue transitorio cercano a los locales nocturnos.

Jueves 11 de Abril de 2019

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Siete personas fueron procesadas y dos de ellas alcanzadas con la prisión preventiva, al quedar acusadas de conformar una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, que tenía su epicentro en dos prostíbulos, que funcionaban en el barrio porteño de Flores. Los principales involucrados en estas maniobras delictivas se encuentran “en rebeldía” y en tal sentido, se ordenó su captura a nivel nacional e internacional.

A instancias de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional Nro. 5 y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), el titular del Juzgado Federal Nro. 7, Sebastián Casanello, también estableció una serie de medidas cautelares de orden patrimonial, entre ellas el embargo con fines de decomiso de los mencionados locales y los inmuebles linderos, donde se consumaba la explotación.

La causa se inició, tras llamados anónimos recibidos en marzo de 2017 a través de la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En ellos, se daba cuenta de lo sucedido en el interior del local nocturno, denominado “Lola” y ubicado en la avenida Juan Bautista Alberdi al 3100 de Flores, donde a las mujeres se les exigía -bajo presiones y amenazas- acompañar a los clientes para que consuman alcohol y, luego, para mantener relaciones sexuales en un albergue transitorio, ubicado a pocos metros, que trabajaba vinculado al prostíbulo.

La instrucción de la causa quedó a cargo del fiscal federal Franco Picardi, quien contó con la colaboración de los fiscales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, cotitulares de la Protex, desarrollando un trabajo conjunto y la puesta en marcha de distintas medidas de prueba, como intercepciones telefónicas, secuestro y análisis de documentación, tareas de campo, “que permitió delinear la existencia y funcionamiento de una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad”.

De acuerdo a lo consignado por el sitio Fiscales.gob.ar, “se habría explotado sexualmente al menos a 65 mujeres, presumiblemente desde hace una década. El pasado 13 de marzo los fiscales pidieron allanamientos, clausuras, detenciones e indagatorias, luego de arribar a un dictamen con los resultados de la investigación”. En consecuencia, sostuvieron que se encontraba acreditada la existencia de dos prostíbulos (el “Lola” y otro ubicado en Varela 64, denominado “Victoria” 0 “Lulú”), en los que se habría explotado sexualmente a esa cantidad de jóvenes, que fueron identificadas con sus datos personales en inspecciones. En cuanto al funcionamiento y la estructura jerárquica de la organización, se estableció en el nivel superior a cuatro individuos -dos hombres y sus hijos- como los líderes de la banda e indicaron que, para que sus nombres no figuren directamente vinculados a los domicilios investigados, utilizaron a “encargados/as”, que tenían como misión ser la cara visible en los locales.

En efecto, la presentación de los fiscales -posteriormente convalidada por el juez Casanello- describe y enumera las pruebas que vinculan a los principales responsables de la banda con las acciones típicas que configuran el delito de trata, esto es, la captación, el traslado y el acogimiento con fines de explotación. En este sentido, en las intercepciones telefónicas abundan diálogos referidos “al ofrecimiento de chicas”, en tanto que los registros migratorios señalan salidas e ingresos al país desde países limítrofes, acompañados de mujeres que posteriormente eran encontradas en los locales allanados.

Además, se señaló la presunta protección policial que habría facilitado y respaldado el funcionamiento de los prostíbulos. En esa línea, existen intercepciones telefónicas que dan cuenta de supuestos “arreglos con los de la Brigada” y, más aún, otra conversación hace referencia a la llegada de dos integrantes de la fuerza para advertirle a un encargado “que saquen a las pibas que tienen encanutadas”.

Por otra parte, la organización contaba con vinculaciones en el ámbito político. Uno de los indicados como líder de la organización, Marcelo Gregorio Uscheroff, fue funcionario público de la Municipalidad de Tres de Febrero por lo menos entre el mes de febrero de 2016 y el 3 de enero de 2018. Durante ese período se desempeñó como Director de Asuntos Institucionales y como representante municipal ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas del municipio. Se lo conoce con el alias “Marcelo Locatti”. Actualmente, tanto él como su hijo se encuentran con pedido de captura.

El juez Casanello dictó el procesamiento con prisión preventiva de Gustavo Medina y su hijo Jonathan como coautores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravada por el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, por la intervención de tres o más personas y por concurrencia de tres o más víctimas. Los restantes acusados fueron procesados bajo la misma figura pero en calidad de partícipes necesarios y continuarán el proceso en libertad.

 

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