Juicio por YPF: tras el fallo de la Corte de los EEUU, el Gobierno apunta a los Eskenazi y un fondo buitre Burford recauda millones

21:40 | Lunes 24 de Junio de 2019 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

Tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de no considerar el pedido argentino para que el juicio por la expropiación de YPF se realice en Buenos Aires, el Gobierno buscará acelerar el inicio del juicio en Nueva York y probar allí que existieron irregularidades en el ingreso de Petersen -la firma con la que el fondo Burford hace el reclamo- a la compañía. En tanto, el fondo buitre que inició el litigio festeja: informó que vendió en 100 millones de dólares el 10% del reclamo por cuyo 100% pagó, hace un lustro, u$s15 millones. Eso le pondría al juicio un precio aproximado de u$s1000 millones, aunque el reclamo es por u$s3000 millones.

Estas fueron las primeras repercusiones luego de que, este lunes por la mañana, la Corte Suprema cerrara la ventana de la apelación por el cambio de jurisdicción que efectuó la Argentina. El procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, viajó a los Estados Unidos, pero aterrizó en Nueva York para preparar los próximos pasos de la defensa argentina ante el segundo circuito de Nueva York junto con el estudio de abogados de ese Estado Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.

Burford inició el reclamo en 2015, luego de que el Estado expropió YPF, con ley del Congreso, y de que el Gobierno pactó una indemnización de unos u$s5900 millones con Repsol, que controlaba la compañía, en negociaciones que encabezó el exministro de Economía Axel Kicillof. Según el fondo buitre, los prospectos de cotización de acciones de YPF indican que el Estado debió haber hecho extensiva la oferta de compra a los socios minoritarios. Otro fondo, Eton Park inició tiempo despúes un litigio similar por u$s465 millones.

Según fuentes oficiales, la jueza Loretta Preska ahora podrá pedir las medidas de prueba exhaustivas que, mientras se discutían las apelaciones por el cambio de jurisdicción, no se profundizaron. El discovery -es decir, la indagación más profunda sobre la ruta del dinero y del caso- permitirá determinar si el caso puede venir a Buenos Aires o si la entrada de Burford a Petersen, o de Petersen a YPF, fueron irregulares.

De acuerdo con la interpretación oficial, durante los últimos dos años se discutió sobre una excepción: el cambio de jurisdicción. Ahora, la posición oficial cree que tiene espacio para desarrollar sus argumentos en profundidad.

¿Cuáles son esos argumentos?

Primero, que no es claro cómo Burford adquirió los derechos de juicio de Petersen Energía, la compañía radicada en España con la que la familia Eskenazi entró a YPF en 2008.

Según el acuerdo que permitió a los Eskenazi comprar un cuarto de YPF hace una década, Petersen financiaría esa operación con créditos bancarios y la distribución de utilidades en los años venideros. Cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner avanzó con la estatización del 51% de la empresa e interrumpió el giro de dividendos, Petersen Energía perdió su participación y fue a la quiebra.

La justicia española vendió esos derechos a Burford, que según el Gobierno pagó u$s15 millones. Pero no permitió a YPF hacerse con esos derechos de juicio, algo que el Estado discutirá.

Pero el discovery irá más atrás. El Estado buscará "demostrar que la compra de acciones de YPF por parte de los Eskenazi habría sido fraudulenta". Si eso se prueba, razonan en el Ejecutivo, no cabría lugar para los reclamos posteriores. Las fuentes oficiales consideran que tienen "buenas chances" de avanzar con estos argumentos ante Preska.

La familia Eskenazi, en tanto, rechaza cualquier participación en el juicio. Sostiene desde hace años que Burford compró los derechos de juicio a los tribunales españoles -que recibirían 30% de la eventual sentencia favorable. Y que el ingreso a YPF como accionista minoritario de Repsol fue oportunamente informado a los entes reguladores.

Fuente: TN