Empleadas judiciales denunciaron malos tratos de la Defensora General

12:19 | Viernes 23 de Agosto de 2019 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

Johana Illanes y Maricel Romero, empleadas de la función judicial, se presentaron en los estudios de Multiplataforma Fénix, junto a Rosa Reynoso, titular de Asociación de Protección Integral de la Mujer y su Familia (AProIMF) para dar a conocer una denuncia por malos tratos en contra de la Defensora General, doctor Azucena Sánchez.

Johana Illanes, quien su caso llevó hasta la pérdida de su trabajo, indicó que los problemas comenzaron a partir del fallecimiento del doctor Ríos, ante lo cual Sánchez asumió al cargo de la Defensoría del ministerio público.

“Falleció el doctor Ríos y dejó sin efecto mi pase a planta. Desde ahí comenzó una persecución laboral constante y llegó hasta prohibir a los empleados que hablaran conmigo”, detalló.

La joven aclaró que “nunca tuve ningún problema con ella”, y remarcó que el ensañamiento era contra todos los empleados que provenían de la gestión de su antecesor.

Además aseguró que no le renovaron el contrato con la excusa de falta de recursos, pero contrataron a otros y encima ella ya tenía el trámite para el pase a planta.

En el mismo sentido, Maricel Romero contó su situación. “Llegué de Córdoba por un tratamiento médico y tenía las cosas tiradas en el pasillo, me sacaron la oficina”, denunció.

“Me sancionaron por cinco días por hablar con un compañero”, agregó Illanes, quien además contó que para ir al baño había que pedir permiso y si tardaban mucho los apercibían, y que había empleados que estaban dedicados a urgar en las redes sociales.

Las empleadas contaron que realizaron denuncia en el INADI, algo que fue confirmado por la titular del área, Graciela Dáscola, quien informó que son cuatro las denuncias contra la misma persona.

“Se labró un acta y pidió disculpas, pero no se cumplieron con algunos puntos”, remarcó Dáscola, quien aclaró que el caso ya fue enviado a la sede central del organismo en Buenos Aires.

Por su parte, Rosa Reynoso, presidenta de AProIMF, señaló que “es inaudito que ocurran estos atropellos, donde justamente debe administrarse la justicia y donde supuestamente se garantizan los derechos”.

Ante ello, anticipó que piden que sea aparatada del cargo y que le devuelvan el trabajo a la empleada que despidieron.