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El kirchnerismo celebra los nuevos límites en las prisiones preventivas

Por la entrada en vigor del nuevo Código Procesal Penal, la defensa de Julio De Vido insistiría en reclamar su liberación

Lunes 18 de Noviembre de 2019

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El Congreso ordenó la semana pasada la entrada en vigor de nuevos límites a las prisiones preventivas, que empezarán a regir en los próximos días. ¿Cómo va a impactar esto en las causas de corrupción? ¿Cambian realmente las reglas? ¿Qué margen de acción tendrán de acá en más los jueces?

Por lo pronto, los abogados defensores de los principales exfuncionarios kirchneristas celebraron la noticia. Quienes tienen clientes detenidos analizan invocar esta resolución en sus próximas presentaciones. Sostienen que las nuevas normas no modifican los criterios generales, pero dicen que desalientan el "uso abusivo" de las prisiones preventivas porque fijan pautas más concretas para determinar si corresponde o no que un acusado siga el proceso tras las rejas.

Hoy, más de la mitad de los presos federales cumplen prisión preventiva, pero en las causas de corrupción el número de detenidos sin condena se redujo mucho en los últimos meses. Con fallos como el de Oscar Thomas -procesado del caso de los cuadernos de las coimas que fue liberado a pesar de que había estado 48 días prófugo- se fueron dejando atrás criterios más estrictos, que llevaron a prisión a decenas de acusados. Hoy, entre los investigados por corrupción que siguen presos están el exministro Julio De Vido; Roberto Baratta, que trabajaba a sus órdenes, y Lázaro y Martín Báez. El exvicepresidente Amado Boudou está condenado, pero su defensa recurrió la resolución que sostuvo que su condena ya era ejecutable. En cuanto a la expresidenta Cristina Kirchner, tiene prisiones preventivas dictadas por el juez Claudio Bonadio, pero por sus fueros no se hicieron efectivas.

LA NACION consultó a cuatro de los principales defensores de exfuncionarios. Alberto Beraldi, abogado de Cristina Kirchner; Graciana Peñafort, defensora de Boudou y de Baratta (los dos presos); Carlos Arslanian, abogado del exjefe de la AFIP Ricardo Echegaray, que sigue en libertad el juicio por el caso OIL, y Maximiliano Rusconi, que representa a De Vido, con prisión preventiva desde hace más de dos años.

"Me parece que las cosas se empiezan a normalizar después de las barbaridades que se han hecho", declaró Beraldi. "Creo que es una decisión muy saludable", afirmó. El abogado dijo que de aquí en más los jueces deberán fundar debidamente en qué presunción se apoyan para negarle a un acusado la libertad. "Ya no es tan discrecional. Se establecen pautas concretas."

En el mismo sentido, Arslanian afirmó que son pautas que obligan al juez a "fundar" sus decisiones "con racionalidad", dejando atrás fórmulas que conceden un "margen enorme" a los magistrados.

Las normas que entrarán en vigencia fueron consensuadas en el Congreso por oficialistas y opositores. Esto va en línea con la conversación que mantuvieron Alberto Fernández y Mauricio Macri el día después de las elecciones generales de octubre, cuando el presidente electo le dijo a Macri que no podían seguir siendo "rehenes" de los jueces federales.

Las reglas que empezarán a aplicarse ahora establecen que el fiscal o la querella pueden pedirle al juez el dictado de una prisión preventiva solo cuando otras nueve medidas de coerción, menos lesivas, "no fueren suficientes para asegurar" el proceso. Esas otras medidas incluyen desde la promesa del acusado de que no se va a fugar hasta la vigilancia con medios electrónicos, como una tobillera.

Exigen además la aplicación de pautas más concretas para determinar cuándo existe peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación (los requisitos para disponer prisiones preventivas).

Se trata en todos los casos de normas que están previstas en el nuevo Código Procesal Penal, sancionado por el Congreso, que establece un sistema acusatorio y empezó a aplicarse en el Norte del país, como parte de un plan de implementación progresiva.

Lo que decidió la semana pasada la Comisión Bicameral de Implementación del nuevo código es que, mientras se avanza en ese proceso, se vayan aplicando estas normas de inmediato en todo el territorio.

El caso De Vido

Rusconi explicó que evalúan pedir la libertad de De Vido basados en esta nueva resolución. Por el momento, están esperando una respuesta de la Cámara de Casación, a la que le solicitaron el cese de la prisión preventiva con el argumento de que se venció el plazo máximo de dos años que prevé la ley como regla (plazo prorrogable solo como excepción).

Según el abogado, las nuevas reglas obligan al juez que vaya a detener a alguien a "dejar claro por qué razón no utiliza otra medida menos lesiva del catálogo que le ofrece la ley".

Rusconi afirmó que si los jueces hicieran una interpretación "razonable" de las normas que rigen hoy, esta reforma no cambiaría nada. "Pero en la situación actual anula la posibilidad de que un juez diga disparates como la doctrina Irurzun", declaró.

La "doctrina Irurzun" fue el argumento desarrollado por el camarista federal Martín Irurzun cuando votó por mantener en prisión, justamente, a De Vido. Habló de la posibilidad de que los "lazos funcionales" de quienes integraron un Gobierno, lazos "tejidos al amparo del acuerdo criminal", se encontraran vigentes y pudieran usarse contra la investigación. Si bien lo que sostuvo Irurzun era solo aplicable a ese caso, fue citado por otros jueces como "criterio de interpretación" para fundar otras detenciones de exfuncionarios del kirchnerismo.

Peñafort coincidió con Rusconi y dijo: "Para flexibilizar la doctrina Irurzun no hacía falta aprobar esto. Sin embargo, bienvenido sea como mensaje de la política".

Peñafort sostuvo, no obstante, que lo que pase de aquí en más en materia de prisiones preventivas "va a seguir dependiendo, en definitiva, de cómo aplique el juez las reglas y de cómo controlen las cámaras".

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