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El exministro de Planificación Federal Julio De Vido pidió hoy su excarcelación basado en los nuevos límites a las prisiones preventivas dispuestos por el Congreso y publicados esta mañana en el Boletín Oficial.
Martes 19 de Noviembre de 2019
20:43 | Martes 19 de Noviembre de 2019 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
Su defensa presentó escritos en dos causas en las que está detenido: el caso de los cuadernos de las coimas y el del presunto fraude al Estado por la reactivación de la minera Río Turbio.
De Vido está preso desde hace dos años y un mes. El máximo previsto por ley para las prisiones preventivas es de dos años, prorrogable, como excepción, por uno más. Por eso, su defensa ya tenía pendiente de resolución una solicitud de excarcelación. Ayer, sumó el argumento de las nuevas normas.
"Este pedido de libertad se interpone -dijeron los abogados- por expreso pedido de nuestro asistido como consecuencia de la correcta interpretación del cuadro fáctico de la causa (el que demuestra la absoluta falta de necesidad de la medida de restringir su libertad ambulatoria) y, en atención a los cambios legislativos que emergen de la resolución de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal (...) que ha sido sancionada con fuerza de Ley y ha sido publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina en el día de la fecha."
Los abogados de De Vido, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, escribieron que las nuevas normas "reducen la discrecionalidad de los jueces" y establecen pautas "concretas que no dejan margen alguno para su 'creatividad".
Si los jueces no le conceden a De Vido la libertad, le queda otro camino para dejar la cárcel. La ley establece seis casos en los el juez "podrá" disponer la prisión domiciliaria (no es automático y el juez no está obligado a hacerlo). Uno es cuando quien está preso sea "mayor de 70 años". De Vido cumple 70 el 26 de diciembre próximo.
De Vido tiene además una condena, que todavía no se está ejecutando, por el caso de la tragedia de Once. En octubre del año pasado, el Tribunal Oral Federal 4 le impuso una pena de cinco años y ocho meses de prisión por estafa, un delito de corrupción, en el marco del juicio por esa tragedia.
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