Sociedad

La historia de Gonzalo y Claudia, los argentinos acusados de “atentar contra la salud pública” por vender pizzas caseras en España

Viven en un pequeño pueblo de mil habitantes. Los acusan de vender sus productos a 22 provincias españolas de forma clandestina. En total, la pareja está acusada de distribuir 12.000 kilos de mercadería

Jueves 13 de Febrero de 2020

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Todo parece indicar que, hasta el allanamiento y la acusación de atentar contra la salud pública española, los argentinos Gonzalo Scattini y Claudia Caballe eran capaces de darle el gusto hasta a los más románticos: si hubiera llegado algún pedido, como seguramente habría ocurrido en estos días previos a San Valentín, no les hubiera dado pereza amasar en Zaragoza y mandar al resto de España pizzas con forma de corazón, tal como promocionaban online.

El matrimonio argentino que está acusado de elaborar y comercializar clandestinamente pizzas artesanales en 22 provincias españolas vive en Azuara, un antiguo asentamiento romano hoy habitado por menos de mil vecinos aún conmocionados por la denuncia en contra de la pareja argentina. La Guardia Civil de Zaragoza los investiga como presuntos autores de un delito contra la salud pública y por evasión fiscal.

 

“Somos una empresa familiar joven, que desde nuestras primeras andaduras en el año 2004 no hemos dejado de pensar en nuevos formatos, presentaciones y servicios en el mundo gastronómico y tan particular como es el mundo de la pizza”, señalaba el matrimonio argentino en la web de Pizzaragon, el emprendimiento que el 10 de junio de 2010 Scattini subió a su cuenta de Facebook y del cual figura como director desde 2002.

En un comunicado oficial, la Guardia Civil de Zaragoza informó que el 14 de enero el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil había sido alertado acerca de “la existencia de pizzas elaboradas y comercializadas presuntamente de forma clandestina”.

 

Allanamiento realizado a la casa del matrimonio argentino, que fue acusado de delitos contra la salud pública.

Agrega el comunicado que “se pudo constatar que esta mercantil comercializaba, mediante publicidad y venta por Internet y a través de teléfono móvil, pizzas de diversas variedades y bases para pizzas, logrando la plena identidad del director comercial”.

Clarín encontró a Gonzalo Scattini en Zaragoza. No quiso hacer declaraciones. “Puede consultar a mi abogado”, señaló.

Jorge Enciso Gómez, defensor de los pizzeros argentinos, habló con este medio: “Estamos sorprendidos por la repercusión que está teniendo el tema. Hay una instrucción abierta sobre una serie de hechos que se les imputa a mis clientes que hay que probar”, dijo.

 

Allanamiento realizado a la casa de la pareja de argentinos acusada de vender en forma clandestina pizzas de elaboración casera en Zaragoza, España.

Según la investigación, entre enero de 2019 y febrero de este año, las pizzas presuntamente elaboradas por la pareja de argentinos habrían sido vendidas a 50 establecimientos de 22 provincias españolas, cantidad que las autoridades estimaron en 12.000 kilos de mercadería que habría sido distribuida en vehículos de mensajería que no contaban con las condiciones de profilaxis y refrigeración adecuadas.

“No están detenidos porque estamos todavía estudiando cuál fue el verdadero alcance en la distribución de las pizzas elaboradas clandestinamente”, confirmaron a Clarín fuentes de la Guardia Civil de Zaragoza.

Por ahora, se sabe que las pizzas clandestinas fueron vendidas a bares, restaurantes, servicios de cátering, hoteles, pizzerías, cámpings, piscinas, empresas de organización de eventos y hasta a particulares en Huesca, Alicante, Cádiz, Castellón, Gerona, Guadalajara, Huesca, Jaén, Lérida, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Salamanca, Soria, Teruel, Valencia, Zamora y Zaragoza.

Hubo un allanamiento y los argentinos fueron citados a declarar ante la Guardia Civil. “Para esa declaración, formalmente se les detiene pero no declararon -aclaró el abogado de la pareja-. Llegamos a las 12 del pasado lunes y a las 12.30 salimos por la puerta. No hubo prisión ni calabozo. Simplemente estuvieron a disposición de las fuerzas del Estado. Ellos no estaban presentes cuando la Guardia Civil llegó con la orden de entrada. Ahora mismo están en su domicilio. No se les quitó el pasaporte ni nada”.

Según el abogado, los argentinos no cuentan con doble ciudadanía, pero residen legalmente en España desde hace muchos años.

La Subdirección Provincial de Salud Pública de Zaragoza y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) confirmaron que en la localidad de Azuara, de donde habrían salido las pizzas, no había ninguna empresa con esas características inscripta en el Registro Sanitario.

Durante el allanamiento en la casa de la Calle Mayor de Azuara, la Guardia Civil requisó un horno, una máquina amasadora, dos mesas de trabajo, dos envasadoras al vacío, dos congeladores, cuatro frigoríficos, rollos de etiquetado, bandejas de trabajo, útiles para la elaboración de pizzas, bolsas de envasado de pizzas, bolsas isotérmicas para transporte, materia prima, así como equipos electrónicos e informáticos.

“Por ahora no reconocemos ningún hecho de los que se los está imputando -confirmó a Clarín el abogado-. Mis clientes no reconocen absolutamente haber cometido ningún hecho delictivo. Estamos hablando de un habitáculo muy pequeño, de apenas 20 metros cuadrados, que fue el que examinó la Guardia Civil. Hablamos de una mínima producción que había que no tiene nada que ver con lo que se está diciendo.”

-Hay, sin embargo, una página web donde se ofrece el servicio de elaboración y comercialización de pizzas artesanales en la que Gonzalo Scattini figura como responsable comercial.

-No tengo noticias de ello. No puedo hacer ninguna declaración sobre mis clientes de algo sobre lo que no hemos contestado todavía ante el juzgado.

-¿Qué hacían en el garage?

-Claudia es propietaria de una casa en esa localidad y luego hay un local chiquitín donde ellos tenían almacenados una serie de elementos, varios de los alimentos que han sido precintados por la Policía eran de propio consumo. Se han precintado heladeras con diversos alimentos. Ellos son cinco personas en casa y obviamente tienen que tener arcones y frigoríficos para mantener la comida. Estamos hablando de un pueblo muy pequeño donde hay un comercio muy pequeño y ellos tenían almacenada esta comida para su propio consumo, lejísimos de las toneladas que les están atribuyendo.

-¿A qué se dedican?

-Claudia se encuentra en paro, cobrando el subsidio por desempleo. Ha trabajado como limpiadora y trabajos que ha podido ir encontrando para soportar las cargas familiares. Gonzalo iba buscando cualquier tipo de empleo. Ahora mismo se encontraba sin trabajo. Tienen tres hijos. Si ellos hubieran estado explotando una industria de la magnitud que parece ser la que se les está atribuyendo, no tendrían ningún problema económico y la situación económica que soporta la familia es bastante precaria. No se les puede atribuir que tengan un comercio al por mayor.

Algunos links que conducían a la web de Pizzaragon fueron dados de baja. Clarín dio con uno que Gonzalo Scattini promocionaba desde sus redes sociales, donde destacaba haber creado la pizza Aragonesa, con panceta y cordero, y la Salvaje, donde el ingrediente principal era el jabalí con setas: “Nuestro mensaje es claro: 0% conservantes, 0% antioxidantes, 0% aromas artificiales, 100 % masa artesanal. Hecho el pedido: se produce, se envasa y se entrega en su negocio semanalmente. Desconfíe de la ‘frescura’ de exportación”, señalaba respecto de la calidad de sus pizzas.

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