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El Juez David Mancinelli determinó que los ocho imputados esperarán el juicio en la cárcel y sumó a la carátula el agravante de "alevosía".
Viernes 14 de Febrero de 2020
22:30 | Viernes 14 de Febrero de 2020 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El juez de Garantías David Mancinelli dictaminó prisión preventiva para los ocho rugbiers imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa y sumó a la caratula de la causa el agravante de "alevosía". Seguirán detenidos en el penal de Dolores.
La fiscal de Villa Gesell, Verónica Zamboni, acusó a los rugbiers de haber asesinado a golpes y patadas a Fernando Báez Sosa la madrugada del 18 de enero último en la puerta del boliche Le Brique, donde habían tenido un altercado que motivó sus expulsiones del local.
Máximo Thomsen (20) y Ciro Pertossi (19) fueron acusados de ser "coautores" del crimen; y Blas Cinalli (18), Luciano (18) y Lucas Pertossi (20), Enzo Comelli (19), Matías Benicelli (20), y Ayrton Viollaz (20), fueron considerados por la fiscal como "partícipes necesarios" en la causa por "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y alevosía".
El juez dio lugar a parte del pedido de la querella, a cargo de los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, que había reclamado que se sumen los agravantes de "alevosía" y "homicidio por placer".
De todas maneras, la calificación por homicidio agravado enfrenta a los rugbiers a una eventual condena a prisión perpetua en caso de ser hallados culpables en un juicio.
El defensor de los rugbiers, Hugo Tomei, presentó por su parte una denuncia penal contra la fiscal Zamboni, sus secretarios y contra la defensora oficial que intervino en las primeras horas de la investigación por supuesta privación ilegítima de la libertad, falsedad de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Tal como había adelantado en la audiencia, Tomei pidió además la nulidad de una testimonial, de una rueda de reconocimiento y las indagatorias, y esta presentación fue remitida por el juez al fiscal General de Dolores, Diego Escoda, para que se investigue si efectivamente se cometió algún delito.
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