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Alberto Lugones, presidente del Consejo de la Magistratura: “No vamos a permitir una persecución a jueces"

"Los jueces tiene que trabajar con libertad”, manifestó. Al juez Alberto Lugones, el nuevo presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, se lo ve satisfecho y activo en su flamante cargo en el organismo que propone y remueve jueces.

Domingo 23 de Febrero de 2020

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Pese a que hace apenas una semana que asumió, se mueve con comodidad en el sobrio despacho de la presidencia en el edificio de la calle Libertad. Pese a que la entrevista con Infobae se realizó pasadas las 18, a mediados de la semana, su nivel de actividad parecía no cesar. Estaba rodeado de empleados y tenía otra reunión pendiente una hora más tarde.

Dispuesto a la entrevista -algo inusual en los jueces, que siempre piden hablar en off the record- Lugones no le teme al tono de sus declaraciones públicas ni a los nombres propios. A la hora de las fotos, pide que salga el enorme mate que tiene sobre su nuevo escritorio. “Me lo regaló mi hija”, destaca. Ella también se desempeña en el Poder Judicial. El jueves último, el Consejo rechazó una denuncia en su contra por no haberse excusado en una investigación contra un juez federal con el que ella trabaja, y que había sido desestimada por unanimidad a fines del año pasado.

Lugones tiene 61 años y comenzó en la Justicia en 1980, al ingresar en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Luego trabajó en juzgados de primera instancia del mismo fuero. Fue designado juez a fines de 2014, al acceder por concurso a la Cámara Federal de San Martín.

Cuatro años más tarde, sus colegas magistrados lo eligieron consejero en representación de la Lista Celeste, la más cercana al peronismo. Conoce bien la tarea en el Consejo y las responsabilidades de la presidencia, porque fue 16 años asesor en el Consejo de los jueces Claudio Kiper, Victoria Pérez Tognola, Luis María Bunge Campos y Mario Fera. Referente de esa línea interna de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), se desempeñó como secretario general de esa entidad entre 1986 y 1990.

Lugones no niega su cercanía ideológica con el actual Gobierno. De hecho, durante el kirchnerismo, fue uno de los firmantes de las primeras solicitadas de Justicia Legítima, la agrupación afín a esa fuerza política. Desde 1985 es docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la actualidad es profesor adjunto por concurso en la cátedra de Derecho Constitucional a cargo de Alberto Dalla Via, juez de la Cámara Nacional Electoral.

Lugones se explayó sobre los motivos del rechazo al proyecto para modificar el régimen jubilatorio de los jueces y se queja de que no fueron consultados. “No se pueden meter en nuestra planificación de vida, de un día para el otro, y dejarnos como que no existimos”, sostiene. Y augura que habrá entre 100 y 150 renuncias de jueces. Asegura que tampoco -hasta ahora- fueron consultados sobre el borrador de Reforma Judicial que está elaborando el Gobierno.

Como exponente de la “corporación judicial”, niega que se vaya avanzar en “una persecución” a jueces que llevaron adelante causas de corrupción contra ex funcionarios kirchneristas. “No lo vamos a permitir. Los jueces tiene que trabajar con libertad, conforme entienden que es correcto, y en todo caso, hay instancias superiores para revisar sus decisiones”, dice enfático.

Asimismo, es crítico de la forma en que se dispusieron traslados de jueces durante la gestión de Cambiemos “para juzgar a alguien”. Asegura que podrían ser revertidos ya que están “a tiro de un decreto” del Ejecutivo, por la forma en que fueron designados.

Sin esquivarle a uno de los temas calientes de estos días, afirma que “no hay presos políticos”, aunque sí admite la existencia de un “abuso” de las prisiones preventivas. También cuestiona el uso de la figura del arrepentido para buscar una confesión a cambio de ser liberado. No lo especificó, pero se refería a cómo se usó en la causa de los cuadernos de las coimas.

. También negó que haya presos políticos, aunque sí abusos de prisiones preventivas. Afirmó que los traslados de jueces durante la gestión anterior se podrían revertir.

-Su presidencia al frente del Consejo fue votada por unanimidad. ¿Cómo logró el apoyo de la oposición?

-Porque consideraron que podía ser una persona de diálogo. Saben que todos los temas que tengamos que trabajar, especialmente los complejos, los voy a consultar. Trataremos de llegar siempre a un consenso. Y si no hay acuerdo, siempre hay mayorías y minorías.

-Pero los números están bastante parejos...

-Sí, están parejos, seis y seis. En realidad, nosotros tendríamos mayoría porque contamos a (la diputada) Graciela Camaño, que no forma parte del oficialismo. Pero los tres jueces vamos a trabajar juntos en muchas cosas. Yo estoy más cerca del oficialismo, ellos estuvieron más cerca de la oposición, pero creo que están tratando de acomodarse también. (NdR: se refiere a Ricardo Recondo, de la Lista Bordó más próxima a Cambiemos, y Juan Manuel Culotta, de Compromiso Judicial, una escisión de la Celeste con posiciones intermedias). La palabra que me gusta a mí es consenso y trabajo en conjunto.

-Su designación había empezado a sonar a fin del año pasado, pero sorprendió que lo acompañe el juez Ricardo Recondo como vice, presidente saliente y a quien se lo vincula con la gestión anterior. ¿Cómo se gestó ese acuerdo para la fórmula?

-Hubo muchas conversaciones, aún fuera de este cuerpo. No voy a dar más detalles. Pero cuando me dijeron que sería bueno que vaya Recondo, les dije que no tenía ningún problema. He trabajado con él en la Asociación de Magistrados, siempre en espacios distintos, pero tenemos en claro qué queremos para la Justicia y qué Poder Judicial queremos para el país.

-¿Le molesta que lo vinculen con posiciones cercanas al Gobierno?

-Yo digo que soy un viejo radical alfonsinista progresista. Pero si me preguntan si estoy más cercano de este gobierno que del anterior, claramente. Eso no lo niego y me hago cargo de lo que digo. Es más, tengo enfrentamientos familiares por eso.

-¿Fue militante radical de joven?

-Sí, me afilié al partido radical el 16 de diciembre de 1982 cuando nos corrieron de Plaza de Mayo en la Marcha de la Multipartidaria. Y lo estuve hasta que fui secretario de superintendencia de la Cámara Civil, y me tuve que desafiliar.

-¿Nunca tuvo actividad partidaria en el Justicialismo?

-No, más allá de que todos los militantes justicialistas que estaban en el Consejo decían que yo era el radical más peronista que conocían. (Se ríe).

-¿Se imaginó que iba a llegar a presidente del Consejo?

-Sí, cuando empezamos a trabajar en el Consejo, varios que estábamos en la Lista Celeste -que hoy son jueces- pensamos que la posibilidad de llegar a magistrado sería una alternativa interesante. Y después terminar la carrera como consejero y llegar a presidente del Consejo.

- En su discurso de asunción, habló de “situaciones abusivas” en los traslados de magistrados para cubrir vacantes, una práctica que se dio en la anterior gestión. ¿Se van a revertir esos traslados?

-Ya hice aprobar un reglamento por el cual los traslados deben aprobarse con mayoría especial en el Consejo, o sea dos tercios (9 votos). Porque esto impide salir a “pescar” jueces que gustan, para ponerlos a juzgar ciertas cuestiones como pasó en algún momento. Trasladar jueces para juzgar a alguien está prohibido en la Constitución Nacional. Y en el caso de que el traslado sea a otra jurisdicción u otra competencia, deben tener acuerdo del Senado.

-¿Y con los ya consumados? ¿Se van a revertir los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi que fueron respaldados por la Corte?

-Por lo que he ido conversando, cómo fueron puestos ahí por un decreto, no tienen efectivización en ese lugar, fue una designación administrativa. Están a tiro de otro decreto. Pero eso pasa más por el ámbito político, no por el Consejo por ahora. No nos han planteado el tema. Otros dicen que cuando concluya el concurso abierto para cubrir las vacantes en la Cámara Federal, puede terminar ese seudo interinato.

-¿O sea que la vacantes en la Cámara FEderal no serían solo las dos actuales, sino también los lugares que ocupan hoy Bruglia y Bertuzzi hoy?

-Es muy probable que en su momento se llegue a considerar eso. Porque tenían acuerdo del Senado para ser jueces del Tribunal Oral. A nosotros la legitimación nos la da el Senado. Esa fue la discusión que se planteó con el tema de las subrogancias, que la Corte terminó cerrando cuando marcó que los subrogantes tienen que haber pasado por un concurso y tener acuerdo del Senado. Además, cuando hay cuatro lugares, hay lugar para todos. Se pueden poner de acuerdo los políticos...

Investigaciones a jueces

-Alberto Fernández dijo que varios jueces iban a tener que dar cuenta de sus sentencias y nombró a varios con nombre y apellido. Cuando lo cuestionaron porque el Poder Ejecutivo no debe interferir en el accionar de los jueces, aclaró que era el Consejo el que iba a tener que hacer esa tarea...

-No he visto que hayan ingresado denuncias. Nos basamos en las denuncias que se presentan y que no pueden ser anónimas. Tendríamos que ver si lo que se está cuestionando es un acto jurisdiccional, o sea sus decisiones como jueces. Si es así, la ley 24.937 y la 26.080 excluyen del juzgamiento del Consejo la cuestión jurisdiccional. Si no se puede demostrar que lo que llevó a esa sentencia está basado en algún delito, se nos va a complicar el juzgamiento. Pero primero tiene que entrar una denuncia y luego se verá.

-¿O sea que no habrá persecución a jueces para que se vayan?

-Yo no lo voy a permitir y estimo que con mis colegas magistrados vamos a trabajar los tres en conjunto. Para conformar la mayoría, necesitan de nosotros. Los jueces tienen que trabajar con libertad, conforme entienden que es correcto, y en todo caso, hay instancias superiores para revisar sus decisiones. Esto forma parte de la institucionalidad que también mencionó Alberto Fernández. Tenemos que garantizar una institucionalidad diferente. Como profesor de Derecho Constitucional además de juez, creo que la República se pone en juego con eso.

-Usted se manifestó en contra de ciertas atribuciones de investigación del Consejo a magistrados denunciados, porque considera son competencia de la Justicia...

-Sí, el Consejo tiene limitadas esas atribuciones. Si un juez juzgó a una persona por enriquecimiento ilícito, y dice que no es culpable, nosotros tenemos que aceptarlo. Porque si no, también tendríamos que investigar al juez que resolvió de esa manera porque entendemos que tomó una medida incorrecta.

-Entonces, según esa postura, el Consejo no debería haber pedido información de las tarjetas de crédito de los magistrados investigados, o pedir levantar el secreto bancario como en el caso del ex camarista Eduardo Freiler que, finalmente, fue destituido...

-Lo que se puede buscar son los datos de él. Pero no se puede hacer una investigación de los hijos, por ejemplo. Se obligó a los bancos a informar al Consejo sobre las cuentas de un magistrado, cosa que, por otra parte, está prohibida para los bancos. Se estuvo muy al filo de la ley, en el caso Freiler puntualmente. Y para peor, se aprobó la apertura del juicio político no estando conformado el Consejo en su totalidad. Eso fue gravísimo para la historia del organismo. Se aprovechó una ventana en la cual había 12 consejeros en lugar de 13, para lograr la mayoría para aprobar el juicio político. Nosotros como jueces tenemos que respetar la Constitución Nacional.

-Pero el Consejo sí puede investigar a un magistrado por posible mal desempeño si sus ingresos no condicen con sus gastos...

-Sí, se puede investigarlo. Pero si tenemos una sentencia que dice que que no hay enriquecimiento, para eso está la facultad del juez que tiene que investigar. Nosotros podemos investigar otras cosas, porque no solamente está el tema de enriquecimiento como motivo de remoción. La figura de mal desempeño incluye la mala conducta, por ejemplo.

 

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