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Alberto Fernández anuló el decreto que disponía la intervención de la empresa y motorizaba la expropiación. La decisión llega luego del fracaso de tratativas para una salida sin los actuales directivos. Y en medio de una investigación judicial.
Sábado 01 de Agosto de 2020
09:40 | Sábado 01 de Agosto de 2020 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
Un DNU desanda el camino de otro DNU. La lapicera presidencial acaba de escribir una nueva página en la disputa abierta hace casi dos meses con la decisión de intervenir y expropiar la cerealera Vicentin. Para muchos en las filas oficialistas hubo sorpresa de ida y de vuelta. Pero el punto es si la marcha atrás expresada en el decreto de ayer es un capítulo más o constituye el epílogo de esta historia. Alberto Fernández tomó esta última decisión en velocidad, dicen, fracasadas las gestiones del gobierno santafesino para buscar una salida, pero contrariamente a lo que se suponía ese desenlace no repuso el objetivo de la expropiación. Habrá que estar atento ahora al frente judicial para saber si efectivamente el tema quedó cerrado.
En los días transcurridos desde el primer decreto de necesidad y urgencia, el 8 de junio, pasó de todo, también dentro del oficialismo. Al principio, preocupación de los moderados y festejo en el kirchnerismo duro. Señal de avance con firma de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, el malestar podría cambiar de platea, aunque nadie se anima asegurarlo. De todos modos, convendría no guiarse por esos únicos condimentos.
Hay otras pistas más inquietantes: el fracaso de las gestiones encaradas por el gobernador Omar Perotti –en combinación y contacto permanente con Olivos, sobre todo en los últimos diez días-; un par de afirmaciones del Presidente en los tuits con que anunció anoche su nuevo DNI, y la causa por presuntas irregularidades en los manejos económicos y societarios de Vicentin que lleva adelante el juez Julián Ercolini, rodeada en las últimas horas por rumores sobre posibles detenciones en la primera línea de la empresa.
Es curioso, porque consideraciones similares nutrían las reacciones de quienes pasaron del asombro a la crítica reservada frente al DNU inicial para intervenir y expropiar la cerealera. Los cálculos sobre la deuda de Vicentin trepan por encima de los 1.300 millones de dólares, cifra a la cual habría que agregarle para reanimar toda la cadena del conglomerado una inyección potente, que algunas fuentes calculan en más de 300 millones de dólares.
El riesgo al que alude el Presidente parece existir desde el principio. Rechazada y desvirtuada de entrada la intervención nacional, por decisión del juez que maneja el concurso de acreedores, Fabián Lorenzini, el Presidente registró además una creciente protesta, con eje en localidades santafesinas pero extendidas a otras provincias y a centros urbanos. Ya había anotado un cuestionamiento masivo por las excarcelaciones y era evidente la fatiga social por la cuarentena.
Hace diez días, Perotti mantuvo una larga charla virtual con el Presidente. Acordaron abrir rápidas tratativas con los principales acreedores. El juez santafesino convocó a un par de audiencias con la conducción de la empresa: la última fracasó el jueves. Alberto Fernández estuvo al tanto de todo el trámite.
Alberto Fernández fue muy duro con Lorenzini, a quien le apunta por haber cerrado las puertas a las alternativas y pedidos del Gobierno. Es lo que se venía destacando como principal problema en medios oficialistas. En paralelo, se observan con atención la causa en manos de Ercolini, que hizo allanar oficinas de la empresa. Si finalmente el juez considera sólidas las denuncias sobre el manejo empresarial, podría abrirse otra puerta para buscar “un salvataje”, aunque como consecuencia y no como objetivo. Tal vez, una alternativa imaginada como menos costosa en todos los sentidos.
Asoma además en este contexto el interrogante sobre la posibilidad de que resurjan grupos interesados en el negocio, como se venía hablando cuando llegó el primer decreto sobre Vicentin. Por ahora, sólo aparecen costos.
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