Luego de que quedaran sin efectos las sesiones remotas, algunos legisladores le exigieron al oficialismo que se definan los protocolos para las próximas reuniones
23:20 | Jueves 03 de Diciembre de 2020 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
Todavía no se definió bajo qué protocolos se realizarán las próximas reuniones del plenario de comisiones en la Cámara de Diputados donde se están recibiendo exposiciones informativas acerca del proyecto de ley sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Por eso esta tarde hubo algunas discusiones entre los legisladores sobre el reglamento que se usará de aquí en más. Graciela Camaño, de Consenso Federal, cuestionó la legalidad de la discusión mientras que otros colegas del parlamento la defendieron. Lo que si está claro es que habrá dictamen el miércoles 9.
La Comisión de Labor Parlamentaria se reunió el miércoles por la noche con el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, con la intención de acordar cómo funcionará Diputados luego de que se venciera el 30 de noviembre el protocolo que permitía sesionar de manera remota. Massa ya retiró las pantallas gigantes que se empleaban para los debates y apuesta por el retorno de la presencialidad pero todavía quedan varias cuestiones por resolver.
Una vez que finalizó este jueves la tercera jornada de expositores sobre el aborto, Cecilia Moreau, presidenta de la Comisión de Legislación General, anunció que los diputados estaban habilitados para realizar un discurso informativo. Camaño dijo que eso no debería efectuarse porque violaba el reglamento. La diferencia de opiniones se zanjó cuando se le aclaró que el dictamen sobre el proyecto recién se efectuará el miércoles 9. El jueves 10 podría empezar entonces el debate en el recinto y ese día se estima que habrá en las cercanías del Congreso marchas a favor y en contra de la sanción de esta ley.
Luego de ese intercambio hubo breves alocuciones de las diputadas Mara Brawer (Frente de Todos), Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) y de la cordobesa Graciela Estévez (FdT). El viernes seguirá la ronda de legisladores a modo informativo desde las 11.
Como en las dos reuniones anteriores de este tipo que se realizaron desde el martes, las posturas a favor hicieron eje en que los legisladores deberían discutir sobre salud pública, ampliación de derechos y la libertad de las mujeres para decidir. Quienes se manifestaron en contra, insistieron en remarcar que la vida comienza desde la concepción, reforzándola con argumentos jurídicos y científicos. En la línea de este último sector, vinculado al movimiento “celeste”, también se remarcó, con la intervención de representantes de distintos credos religiosos, que en los sectores de menores recursos la discusión sobre el aborto no figura entre las principales preocupaciones. Le sumaron algunos ejemplos de mujeres que sufrieron abortos y sus consecuencias.
Algunos de los expositores ya pasaron por las comisiones en 2018, cuando se discutió la legalización y la despenalización del aborto por primera vez en el Congreso (obtuvo media sanción en Diputados en forma ajustada y rechazó la iniciativa el Senado por 38 votos contra 31). En esa ocasión fueron 730 los que explicitaron sus posiciones y esta vez, por las circunstancias tan especiales de la pandemia, se decidió limitar la cantidad a 72.
La primera en exponer en esta tercera jornada, que fue presidida por la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, fue la investigadora del Conicet, Mariana Romero, quien defendió la iniciativa resaltando que la legalización “nos permitirá una mayor relación entre pacientes y profesionales de confianza y empatía”.
Luego, con uno de los discursos más encendidos, habló una joven de 22 años, Guadalupe Batallán, quien rechazó de plano el proyecto y aseguró que “estamos frente al mayor genocidio universal”. Además cuestionó que a la ley se le quiera dar un tratamiento exprés. Otro testimonio contrario a la sanción del proyecto que elevó el Poder Ejecutivo Nacional el lunes 17 de noviembre fue el de Alfredo Vitolo, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos: “El proyecto contiene graves errores jurídicos. Ningún tratado internacional especifica el derecho al aborto. No hay consenso sobre el tema y muchos lo toman como una intención expansiva de otros derechos. Son argumentaciones político-ideológicas que no están basadas en el Derecho”. A esa postura adhirió, Inés Franck, abogada de la Universidad Católica Argentina: “Esta es una discusión científica y jurídica, no es religiosa ni política. Hay que cuidar las dos vidas, es ese el bien a defender, son dos personas a las que hay que defender”.
Más tarde, José Vivanco, miembro de Human Rights, sostuvo que “la clandestinidad afecta a las mujeres más vulnerables y a las adolescentes. Legalizar el aborto no obliga a nadie a abortar”. Pidió que “no dejemos pasar una deuda histórica para la Argentina”. Entre otros de los expositores que apoyan el proyecto se expresó Lucy Grimalt, responsable del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de Entre Ríos. Sostuvo que “este proyecto es una mirada integral de la salud, no solo de la salud reproductiva de las mujeres. Permitirá que la mujer no esté desprotegida, le da autonomía para que cada mujer decida sobre su cuerpo”.
Soledad Bustos, de la Subsecretaria de Atención Primaria del municipio de Quilmes, describió los trabajos que se hicieron en su zona de influencia con personas en situación vulnerable y destacó que “hay que tener un derecho integral a la salud pública, no se trata de decidir si el aborto es legal o clandestino”. Y enumeró los programas sociales que se hicieron con los sectores más pobres de su distrito.
Mariela Bielski, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina, también es partidaria de que la ley sea sancionada. “Amnistía Internacional como organización global, ha hecho pública su posición sobre el aborto: despenalizar y legalizar la interrupción del embarazo es un imperativo de justicia social, de justicia reproductiva y de Derechos Humanos”, manifestó.
