Lázaro Báez aspira a reducir su condena a 12 años, pero lo esperan media docena de juicios por lavado y evasión

10:35 | Domingo 28 de Febrero de 2021 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

Lázaro Báez está acostumbrado a los traspiés judiciales pero el miércoles al mediodía quedó impactado al escuchar el monto de la condena por “la ruta del dinero K”: 12 años de cárcel. La mayoría de los imputados tuvieron la misma reacción: con la pena de Báez, el primero de la lista, vislumbraron un fallo más duro de lo esperado. Y no se equivocaron: 9 años para Martín Báez, 8 años para el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadín, y 5 años para Leonardo Fariña, Leandro Báez y Fabián Rossi, entre otros.

“Está decepcionado con la Justicia”, dijo a Infobae un allegado a Báez. Sin embargo, el empresario y sus abogados aspiran a reducir la condena en la Cámara de Casación. El proceso de apelaciones recién comenzará en dos meses: el 26 de abril se darán a conocer los fundamentos de la sentencia y a partir de ese momento las defensas tienen un plazo de diez días hábiles. A partir de ese momento, comienza una batalla legal que podría durar entre uno y dos años. “Si no fuera una causa tan mediática tardaría mucho más”, coinciden varios abogados consultados por este medio.

En lo inmediato, la situación judicial de Báez no se modificará: seguirá en prisión domiciliaria en una casa ubicada en la provincia de Buenos Aires. Hasta tiene chances de bajar la pena en Casación. Pero su situación se complicará seriamente por la acumulación de causas y juicios orales. Es solo una cuestión de tiempo.

El empresario ya está siendo juzgado por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, donde también está acusada la vicepresidenta Cristina Kirchner. “El juicio se está cayendo a pedazos”, se entusiasman los abogados defensores. En Comodoro Py, en cambio, aseguran que la acusación se viene probando a lo largo de las audiencias.

A pesar del impacto político y mediático de las condenas, las fuentes consultadas advierten que el final del juicio por “la ruta del dinero K” no condiciona el desarrollo del juicio de Vialidad. “Aunque la defraudación por la obra pública fue tenida en cuenta como el delito precedente del lavado, Báez puede ser absuelto en este juicio”, graficó un funcionario judicial.

Báez también tiene otros juicios pendientes en el fuero Penal Económico. En la causa 1599/17, a punto de ser elevada a juicio, el empresario está acusado de evadir el impuesto al valor agregado (IVA) por los ejercicios 2011 ($99.964.224,80), 2012 ($113.190.286,40), 2013 ($8.753.187,63) y 2014 ($59.954.725,77). Según figura en el expediente, la maniobra habría sido “mediante la presentación de declaraciones juradas engañosas en tanto reflejaron el cómputo de créditos fiscales inexistentes provenientes de la registración de facturas supuestamente apócrifas emitidas por Constructora Patagónica Argentina SA, Grupo Penta & Cia SA, Calvento SA, Terrafari SA, Valle Mitre SA, Austral Agro SA, Conde Marketing SA, Víctor Masson Trasportes Cruz del Sur SRL, José Luis Espinosa, Vialtec SA, Consultarq SRL, Dionicio Miranda Orosco, Héctor René Jesús Garro, Humberto Víctor Navarro, Strella Construcciones SA y AC SRL”.

También se lo acusa de evadir el impuesto a las Ganancias correspondiente a Austral Construcciones de los ejercicios 2011 ($90.014.381,68), 2012 ($178.037.143,27), 2013 ($8.495.232,54), 2014 ($22.860.611,42).

La causa 1599, donde además están procesados ex directivos de Austral Construcciones y tres de sus hijos, es un desprendimiento de otro expediente por evasión, conocida como la causa 803, que ya fue elevada por López Biscayart. En realidad, son tres causas vinculadas entre sí que podrían terminar unificadas (1599, 803 y 536). “Las causas por evasión están frenados hasta que se resuelva la causa de Vialidad. Si hay defraudación con la obra pública, las causas tributarias no pueden existir y viceversa”, advirtió una fuente de la defensa del empresario.

Otro expediente que ahora cobra atención es la causa por la compra del campo en Uruguay conocido como “El Entrevero”, un desprendimiento de la “ruta del dinero K”. Además de Báez están acusados Chueco, Pérez Gadín, el arrepentido Leonardo Fariña, Maximiliano Acosta, Maximiliano Goff Dávila, el financista Santiago Carradori y Osvaldo Guthux.

Por ese campo de 152 hectáreas, ubicado entre José Ignacio y La Barra, se pagaron 14 millones de dólares. De la operación participaron varias sociedades y testaferros de Báez para intentar ocultar a los verdaderos dueños.

Fariña contó que se utilizó la sociedad uruguaya Traline SA (Maximiliano Acosta era el presidente y luego se otorgó un mandato de disposición general a Maximiliano Goff Dávila). Cuando ya se había roto la relación con el entorno de Báez, el campo quedó a nombre de otra sociedad de nombre Jumey SA, presidida por Pérez Gadín.

La causa fue elevada a juicio hace un año por el juez Sebastián Casanello y también estará a cargo del Tribunal Oral Federal 4, el mismo que condenó a Báez por “la ruta del dinero K”, aunque con otra integración. En Comodoro Py aseguran que habrá otro juicio oral, aunque hasta ahora no hay fecha para comenzar. Sin embargo, las defensas seguirán haciendo todo tipo de planteos. “Se hizo otro juicio porque la información de Uruguay llegó tarde pero no se puede juzgar dos veces por el mismo hecho”, se quejó uno de los abogados.

Aunque es un solo hecho, la compra del campo, la pena mínima por lavado de dinero es de 4 años y 6 meses. Una condena por “El Entrevero” terminaría elevando la pena inicial y complicando la situación de todos los involucrados.

En realidad, la causa conocida como “la ruta del dinero K”, tiene varios desprendimientos. Báez también deberá afrontar un juicio por “M&P”, donde se descubrieron maniobras realizadas con empresas fantasma para inyectar dinero en Austral Construcciones a través de otra firma de Báez, entre los años 2015 y 2016, con el fin de eludir los embargos que pesaban sobre empresas y miembros de la familia del empresario.

Para simular los ingresos, la empresa insignia de Báez emitía facturas por supuestos servicios. De esa manera, se habrían blanqueado $127.624.184.

En el juzgado de Casanello siguen abiertas una causa contra el escribano Martín Rosta, que intervino en la compra del campo de Mendoza, y otra contra el empresario Roberto Erusalimsky, que se quedó con ese campo por un precio muy inferior al que se había pagado. En febrero, Casanello procesó al empresario por quinta vez. Su defensa, a cargo de Mariano Cuneo Libarona, ya logró dar vuelta los cuatro procesamientos anteriores.

A la lista de juicios pendientes, Báez debe sumar la causa “Hotesur-Los Sauces”, a cargo del Tribunal Oral Federal 5. “Está en la etapa de instrucción suplementaria, se están haciendo pericias, no va a empezar este año”, resumió una fuente judicial. A eso se le suman causas en Bahía Blanca y en Chaco, aunque esos expedientes aún están lejos de un juicio.

Pasado el impacto de la condena, Báez intentará acercarse a todos sus hijos. Su hijo menor, Leandro, vino a vivir a Buenos Aires hace un mes y ya tuvo varias charlas. Tal como adelantó Infobae esta semana, se vieron personalmente hace pocos días para festejar el cumpleaños de Lázaro. Sin embargo, la relación es sinuosa. El viernes Leandro tuvo un entredicho con su padre por ir a la televisión. En una entrevista con el periodista Hugo Macchiavelli, Leandro mencionó a Cristina Kirchner y hasta arriesgó que “la Justicia le mandó un mensaje al Gobierno”. Lázaro prefiere mantenerse alejado de los medios.