Se jubiló uno de cada cuatro jueces y fiscales que habían sido intimados por la ANSES

20:56 | Jueves 22 de Abril de 2021 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que decidió jubilarse uno de cada cuatro jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público que habían iniciado sus trámites jubilatorios y los mantenían abiertos sin definición. La medida -que fue anunciada en medio de la pulseada que la Casa Rosada mantenía con la Justicia- alcanza a medio centenar de funcionarios de las 210 “carpetas” -como se conoce en la jerga a los trámites previsionales- que estaban abiertas en el organismo. El resto, según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, será analizado “caso por caso” pero quedarán archivadas de oficio.

Pese a que los magistrados y sectores de la oposición cuestionaron la medida y la inscribieron en el enfrentamiento que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner mantienen con los jueces, la titular de la ANSES, Fernanda Raverta aseguró que con las intimaciones enviadas se trató a los funcionarios del Poder Judicial “como al resto de los ciudadanos”.

“ANSES encontró que había funcionarios judiciales con expedientes de hasta 13 años en stand by. Mantenían en suspenso su jubilación con los perjuicios y gastos administrativos que eso generaba al organismo”, justificaron en el ente previsional. Lo cierto es que entre los “intimados” para que definan si se jubilan o no, hubo varios jueces y fiscales que, entre otras causas, investigaron y condenaron a ex funcionarios K y a la propia Cristina Kirchner. Figuraban el Procurador General interino Eduardo Casal, quien ya expresó su rechazo a la requisitoria del organismo previsional. como así también los jueces de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, los fiscales Carlos Stornelli y Eduardo Taiano, y el juez de Casación Federal Eduardo Righi y la jueza federal María Servini, entre otros. Ninguno de ellos tomó esa decisión.

De acuerdo con lo que pudo saber Infobae, los más de cincuenta jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial que se jubilaron, no hay ninguno de alto perfil, sino que provendrían en su mayoría del interior del país. Sobre el resto de los expedientes pasará ahora a una revisión caso por caso, para definir su situación ante el organismo previsional, pero pasarán de oficio a archivo.

Desde el organismo se explican que la modificación del régimen previsional, dispuesta por ley 27546, fue votada por amplia mayoría en el Congreso y transfirió desde el Consejo de la Magistratura al organismo previsional la ejecución de los haberes jubilatorios de los magistrados y magistradas, funcionarios y funcionarias, del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación.

Según un informe publicado por Infobae, la nueva ley elevó del 11 al 18 por ciento el aporte sobre el sueldo de los integrantes del Poder Judicial; mantuvo el 82 por ciento para la jubilación pero con el cálculo sobre las últimas 120 remuneraciones mediante una comisión que todavía no se creó; y elevó para los hombres la edad para retirarse de 60 a 65 años de manera escalonada año tras año hasta llegar en 2025 a los 65. Con esa ley, además, las jubilaciones del Poder Judicial dejó de regularlas el Consejo de la Magistratura y pasaron a quedar bajo la órbita de ANSeS. La polémica surge porque, con las “carpetas” presentadas, los jueces y fiscales tendrían los beneficios de la antigua ley y, en caso de ser archivadas y obligados los actores a iniciar un trámite nuevo, deberían encuadrarse en el régimen posterior. En este contexto es que envió las intimaciones el organismo que encabeza Raverta, referente clave de La Cámpora.

El organismo estableció que “en los trámites que se hubieran iniciado a magistrados, en el marco de las normas procedimentales antes vigentes, en los cuales se hubiera supeditado el pago del beneficio al cese, se emplazará al titular para que dentro del plazo de 30 días hábiles administrativos acompañe la presentación de la renuncia”. Ese plazo se cumplió la semana pasada.

“De no acreditarse la presentación de la renuncia se procederá a la revisión integral de las actuaciones, en uso de las facultades conferidas a esta Administración por el artículo 36 de la Ley Nº 24.241, pudiendo ocurrir que: 1.1. NO se encontraren observaciones, por lo cual se procederá al archivo de las mismas, con la consecuente modificación del estado de trámite a 83 “ARCHIVO S PRES. CESE”. 1.2. Se detectaren desvíos, debiendo adoptarse las acciones de rigor y eventualmente hacer uso de la facultad prevista en el artículo 15 de la Ley Nº 24.241, respecto de aquellos actos que pudieron haber sido emitidos durante el trámite”. El texto agregaba que “de acreditarse la presentación de la renuncia, se reservarán las actuaciones hasta tanto el PODER EJECUTIVO NACIONAL la acepte, ante lo cual se procederá a la continuación del trámite de otorgamiento de la prestación”.

Después de eso, hace un mes, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) presentaron una demanda contra la ANSES para que se declare inconstitucional la circular que la entidad envía para que los integrantes del Poder Judicial que ya tienen la jubilación otorgada por “carpeta” renuncien a sus cargos o se archive el trámite.

Y el 25 de marzo, el oficialismo aprobó en el Consejo de la Magistratura de la Nación una resolución en la que sostuvo que la circular que la ANSES le mandó a jueces y fiscales “de ninguna manera puede interpretarse como una intimación a cesar en el cargo para evitar la pérdida de derechos previsionales ya adquiridos” y creó una mesa de enlace con el organismo previsional para debatir el tema.

Fuente: Infobae