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El kirchnerismo presiona a Alberto Fernández para que avance contra la Corte por decreto

Los partidarios de la vicepresidenta quieren que el mandatario imponga las reformas de la Corte y del Consejo de la Magistratura a través de decretos de necesidad y urgencia.

Sábado 21 de Enero de 2023

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10:58 | Sábado 21 de Enero de 2023 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

El Gobierno continúa con su escalada contra la Corte Suprema y el kirchnerismo presiona a Alberto Fernández para que imponga las reformas de la Corte y del Consejo de la Magistratura a través de decretos de necesidad y urgencia. El mandatario por ahora se resiste, pero podría cambiar de opinión ante el embate K.

En ese marco, el ministro de Economía, Sergio Massa, produjo la recompra de títulos de la deuda por US$ 1.000 millones. Se trataría de una medida para contener el dólar y ratificar el compromiso de transitar el camino de las metas asumidas con el FMI. Los proyectos de Economía incluidos en el temario de sesiones extraordinarias están complicados porque el eje sigue siendo la Justicia y la dura disputa con la oposición. Eso arrastra además a los legisladores massistas.

El avance del Gobierno en el frente judicial es acompañado por el kirchnerismo, que de todos modos mantiene sus reproches y comentarios contra el presidente. Alberto Fernández fue respaldado por gobernadores alineados o de muy buen vínculo con Cristina Fernández de Kirchner. La movida para enjuiciar a los cuatro integrantes de la Corte no contó con el respaldo de los jefes provinciales del PJ más tradicional y de algunos espacios provinciales. Sin embargo, cualquiera advierte que todo el peso fue trasladado al Congreso.

Desde el kirchnerismo comenzaron a presionar a Alberto Fernández al ver las escasas chances de avanzar en el Congreso. Primero fue el gobernador Jorge Capitanich y después el senador Oscar Parrilli, quienes pusieron en discusión la posibilidad de que el mandatario avance con esas medidas con la firma de DNU. 

En primer lugar, el reclamo al Presidente se basa en una supuesta “circunstancia excepcional” que allanaría la vía del decreto para los proyectos referidos a la Justicia. El oficialismo, por medios formales e informales, viene tratando de imponer que la responsabilidad exclusiva de la virtual parálisis legislativa corresponde a la oposición. Juntos por el Cambio resolvió no facilitar debate alguno si el oficialismo no frena la movida del juicio político a la Corte. Y no hay mínimas señales de negociaciones serias para tratar de destrabar la situación. Por el contrario, el Frente de Todos hace valer su mayoría apretada en la Comisión de Juicio Político y confirmó la primera reunión para el jueves de la semana próxima.

Además de cargar las responsabilidades únicamente sobre la oposición, la demanda al Presidente por los DNU plantea dos cuestiones de fondo, una grave y la otra alarmante. La primera remite a una consideración forzada sobre las “circunstancias excepcionales”, intentando colocar en esa categoría un problema político de funcionamiento en el Congreso. Y la segunda, consiste en adjudicarse como espacio de gobierno la representación del “consenso social” a falta de consenso político. 

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