El Salvador: Más de mil menores de entre 12 y 17 años fueron apresados bajo el estado de excepción de Bukele

08:12 | Domingo 12 de Febrero de 2023 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La policía, amparada en el régimen de excepción en que el gobierno de Nayib Bukele mantiene al país desde marzo de 2022, arresta menores sin motivo alguno.de información sobre sus hijos. 

Una madre comtó que la mayoría de los hombres jóvenes de la comunidad en la que ella vive están en la cárcel. Es imposible saber a cuántos de ellos los capturó la policía para llenar la cuota diaria y cuántos tenían, de verdad, relación con las pandillas. Antes de decretar el régimen de excepción, el gobierno de Bukele ya había desmantelado todo el sistema de acceso a la información pública y lo poco que se sabe sobre los presos en general -las cifras totales- es porque funcionarios como el ministro de seguridad, el director de cárceles o el mismo presidente las publican en sus cuentas de Twitter.

Familiares de presos en las cárceles de Bukele protestaron en diciembre de 2022 por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de excepción.

Gladys vive en una ciudad ubicada en la esquina noroeste de El Salvador, donde confluyen rutas comerciales, de contrabando e incluso de narcotráfico que conectan con Honduras y Guatemala. Durante décadas, las pandillas controlaron amplias porciones de este lugar. Hoy quienes controlan son los policías, que durante seis meses han tenido en todo el país carta abierta para capturar a quien se les ponga enfrente para cumplir las cuotas de arrestos, pero también para cumplir el objetivo estratégico del gobierno Bukele: quebrar a las pandillas MS13 y Barrio 18.

Cuando inició su gobierno, Bukele tenía arreglado un pacto con los liderazgos de las dos pandillas, representados por reos que llevaban años en las cárceles del país. Investigaciones de agentes federales estadounidenses y fiscales salvadoreños -hechas antes de que el presidente se hiciera con el control de la fiscalía general- reunieron múltiples pruebas de ese pacto, que incluso sirvieron de base al gobierno de Biden en Washington para sancionar, entre otros, al director de cárcel de la administración Bukele.

Pero en marzo de 2022, por razones que aún no están del todo claras -aunque algunos indicios apuntan a incumplimientos del gobierno al trato inicial-, el pacto se rompió y las pandillas respondieron dejando 87 cadáveres en las calles y barrios de El Salvador. A partir de ahí, Bukele, quien para entonces parecía agobiado por el fracaso de su proyecto Bitcoin, tornó su atención a la seguridad pública y declaró la guerra final a las pandillas, cuya principal herramienta ha sido el régimen de excepción, que por mandato constitucional dura un mes pero puede ser prorrogado indefinidamente; ya la Asamblea Legislativa, controlada por el bukelismo, ha aprobado 10 extensiones y, este marzo, El Salvador cumplirá un año sin las garantías constitucionales cercenadas por el régimen, como el derecho al debido proceso, a la defensa o incluso a las libertades de movimiento y expresión.

Uno de los efectos del régimen es que las cifras de homicidios han acentuado la tendencia a la baja que el país experimenta desde 2016, tres años antes de la llegada de Bukele a la presidencia. En 2020, un estudio del International Crisis Group atribuyó la reducción de un 60% en los homicidios en 2019 -año de la ascensión de Bukele- a una decisión de las pandillas más que a las políticas gubernamentales.

Bukele ha dicho, a través de su cuenta de Twitter, que El Salvador es ahora el país más seguro del continente. En enero, el Ministerio de Seguridad publicó que la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes había sido de 7.8 en 2022, un descenso importante respecto al año anterior y la más baja en las últimas décadas. Varios analistas, sin embargo, han señalado que es imposible contrastar estas cifras de forma independiente debido a los bloqueos a la información pública.

A pesar de todo, el régimen de excepción es sumamente popular en El Salvador. En general, las encuestas varían entre niveles de aprobación del 70% al 90% de las medidas extraordinarias, algo que la Universidad Centroamericana (UCA), una de las voces más críticas de Bukele, atribuye en parte a una cultura de venganza que los salvadoreños apoyan siempre que no sean ellos a sus familiares los afectados por las acciones del Estado.