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Participaban seis presos y tres funcionarios del Servicio Penitenciario, que fueron detenidos, con apoyo externo. En los allanamientos secuestraron celulares y alrededor de siete millones de pesos.
Viernes 15 de Septiembre de 2023
17:30 | Viernes 15 de Septiembre de 2023 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
Tres funcionarios del Servicio Penitenciario de la ciudad cordobesa de Villa María fueron detenidos en el marco de una investigación por una serie de estafas por los investigadores como un "call tumbero", ya que fueron cometidas por al menos seis presos desde el interior del penal, con la colaboración de otras 11 personas que actúan como "mano de obra" fuera de la cárcel.
El fiscal a cargo de la investigación, Enrique Gavier, detalló que la causa se inicia por denuncias de personas particulares damnificadas por "estafas mediante llamadas telefónicas" desde el penal de Villa María donde funcionaba un denominado "call tumbero" para la realización de las maniobras delictivas.
Se trata de una "asociación criminal dedicada a la estafa", telefónica principalmente, y en el marco de esa investigación "se ha logrado reunir suficientes elementos para formular la sospecha sobre 20 personas hasta el momento", que integraban esa organización delictiva, explicó.
En las últimas horas se filtró un video en el que se ve a los presos bailando con celulares, y una PC conectada a Internet de fondo. También se ve una pantalla con videos de internet. En las cárceles de Córdoba está prohibido el uso de celulares por parte de los presos. Se desconoce la fecha del video que podría ser utilizado como una de las múltiples pruebas que la fiscalía recaba para la etapa de instrucción de la causa.
De acuerdo a la investigación, los tres jefes penitenciarios formaban parte de la organización delictiva, como así también seis reclusos y once personas que trabajaban desde afuera de la cárcel: "Algunos ya están detenidos y otros con la orden de detención", manifestó el fiscal Gavier.
Se realizaron cerca de una veintena de allanamientos, algunos de ellos dentro de algunos pabellones de la cárcel y en domicilios particulares, en donde se secuestraron celulares, alrededor de siete millones de pesos y otros elementos vinculados a la actividad delictiva.
La investigación comenzó a principios de años por denuncias de damnificados que eran estafados desde la penitenciaria de Villa María en transacciones por redes sociales, entre ellas Marketplace de Facebook.
El funcionario judicial agregó que la investigación está en su etapa inicial, por lo tanto no descartó la posibilidad de nuevas detenciones.
Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, esta mañana a través de Twitter, se informó que "con motivo de las actuaciones practicadas por orden del Fiscal de Instrucción de Casos Complejos, Dr. Gavier, en el día de la fecha, se produjo la detención del personal penitenciario".
Agrega que el Ministerio "ratifica su firme voluntad de colaborar con la investigación, llevada a cabo por dicha autoridad judicial, y tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar que se lleven a cabo delitos que pudieran ser cometidos desde los establecimientos penitenciarios de la provincia".
La causa está a cargo del fiscal de Delitos Complejos del 1er. Turno, Enrique Gavier, quien este mediodía manifestó a canal 12 de Córdoba que ordenó la detención del director del Establecimiento Penitenciario N°5 de Villa María, Andrés Américo Aciar; al subjefe de Operaciones Edgar Ezequiel Arroyo; y al jefe de Seguridad Néstor Gómez.
Por otra parte el fiscal Gavier aclaró que estos hechos no tienen vinculación la causa de la Penitenciaría de Bouwer, ubicado en las afueras de la ciudad de Córdoba, al sostener que "son diferentes".
En el caso del penal de Bouwer el miércoles de la semana pasada fueron detenidos el subdirector Sergio Alejandro Guzmán, el abogado Alfredo Ciocca, y el dirigente peronista empleado en el Estado provincial, Ramón Salas.
Estos tres detenidos están sospechados de favorecer la situación de los presos a cambio de dinero, mediante la confección de informes de conducta favorable, libertad transitoria y el ingreso se celulares, entre otros beneficios, sostiene la denuncia oficial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia.
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