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Se trata de Juan Carlos Bonzón y Roberto Boico, este último porque como abogado había sido defensor de Cristina Kirchner.
Jueves 21 de Septiembre de 2023
15:30 | Jueves 21 de Septiembre de 2023 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
La Cámara Federal porteña rechazó la recusación contra dos de sus integrantes en una causa aún abierta por el presunto encubrimiento del atentado contra la AMIA.
Se trata de los jueces Roberto Boico y Juan Carlos Bonzón, este último perteneciente a la Cámara en lo Penal Económico pero convocado a la Cámara Federal ante la excusación del resto de los magistrados para intervenir en el expediente por el atentado contra la mutual judía.
Ambos camaristas fueron recusados por el Javier De Gamas, ex secretario del destituido juez Juan José Galeano, quien tuvo a su cargo la primera parte de la investigación.
De Gamas objetó que Boico y Bonzón habían “anticipado opinión” en pronunciamientos anteriores en este mismo expediente y, sobre Boico en especial, destacó que había sido abogado de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el memorando de entendimiento con Irán, recientemente reabierta.
El camarista federal Mariano Llorens, en un fallo unipersonal, rechazó ambas recusaciones.
Bonzón y Boico integraron el tribunal que ratificó que el atentado contra la AMIA fue un delito de “lesa humanidad” y agravó la situación procesal de los ex secretarios de Galeano.
De Gamas, quien fue juez penal de Ushuaia hasta que renunció, en abril de este año, había sido procesado en primera instancia por delitos leves, al igual que los también ex secretarios Susana Spina y Carlos Velasco.
Pero la Cámara –en un fallo firmado por Boico y Bonzón- revocó esa decisión y sumó las figuras de “encubrimiento, peculado, privación ilegal de la libertad y prevaricato”.
En la causa principal por el encubrimiento, el ex juez Galeano fue condenado en primera instancia a seis años de prisión por su actuación en la causa a raíz de la maniobra por la cual el desarmador de autos y hoy abogado Carlos Telleldín modificó su declaración para involucrar falsamente a un grupo de policías bonaerenses en el atentado, a cambio de 400 mil dólares.
La sentencia aún no está firme.
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