Negocios millonarios durante la gestión de Fernández y un viejo club de amigos bajo sospecha

Empezaba 2020 y se vivía una verdadera luna de miel entre Alberto Fernández y la sociedad. Poco importaba que el entonces presidente ya había sacado de la galera un impuesto nuevo, el PAIS, y que contaba con más de media docena de emergencias declaradas por el Congreso. Como buen conocedor del rubro, colocó en la compañía de seguros estatal a un viejo club de amigos, cercanos desde principio de los 90, cuando el exmandatario era el número uno de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Ese equipo, especializado en pólizas y con larguísima experiencia también en el Grupo Bapro, empezó a manejar Nación Seguros. Con buen olfato para detectar comisiones e intermediaciones, Alberto Pagliano, Fernando Arana, Carlos Soria y Gustavo García Argibay, los cuatro capitanes de aquel emprendimiento, pusieron manos a la obra. El entramado de negocios que se comenzó a gestar ese año no era nuevo, ni se detuvo en Héctor Martínez Sosa, el asegurador más cercano a Fernández, marido de su secretaria privada durante 30 años, María Cantero. Tampoco alcanzó tan solo al Estado nacional. La caja de Pandora que se abrió con la intermediación en la Anses, y que fue luego replicada en decenas de dependencias públicas, es más profunda. La gestión del Frente de Todos representa el último capítulo en el que se revivió una modalidad de contratación que benefició a los cercanos al poder.

Después de su paso por la “súper de Seguros”, en 1995, Fernández recaló en el Banco Provincia. Entonces, la entidad bonaerense creó una estructura llamada Grupo Bapro de la que dependían varias empresas. Fernández fue el primer vicepresidente de esa estructura. En esa gestión, decidió la compra de una compañía de seguros llamada Vanguardia, que era propiedad de la familia Martínez Sosa. De hecho, el presidente era el padre de Héctor. Llamó la atención entonces que a una entidad como el Banco Provincia le conviniera una entidad afincada tan lejos: Vanguardia tenía domicilio en Tierra del Fuego, puntualmente en Río Grande, donde también fue fundada Martínez Sosa y Cia SA en la década del 70. Casualidades. La operación resultó ruinosa para la entidad pública. Sucede que muchos siniestros pendientes, que en el seguro son el gran pasivo de las compañías, no estaban declarados y aparecieron con el nuevo dueño. Finalmente, el Bapro tuvo que afrontar esos pagos, se hablaba entonces de más de 10 millones de dólares y, a poco de andar, Vanguardia dejó de funcionar. El Banco Provincia se convertiría en un arca clave para Martínez Sosa aun cuando su amigo no ocupara ningún cargo. El poder de lobby que gestó en la administración pública se expandió por las provincias, con la de Buenos Aires a la cabeza, con la que logró asegurar las ART de los empleados públicos del distrito. En los primeros días de 2020 empezaron las primeras preguntas por parte de los nuevos funcionarios. Varios recuerdan que había mucho interés por conocer el porcentaje que se pagaba a los productores por la intermediación. “Cero”, era la respuesta. Soria, un hombre cercano a Pagliaro con quien trabajó en la creación de Provincia ART, se sorprendió. Durante la administración de Mauricio Macri, e incluso durante el gobierno de Cristina Kirchner, se recurrió principalmente al autoseguro, tanto con compañías públicas como privadas, o ambas, en formato de coaseguro. Es decir, existían productores pero no funcionaban en convenios que vincularan a Nación Seguros y otras dependencias públicas. Pese a su sorpresa, venían de Provincia Seguros donde la práctica era la intermediación, tuvo que convencerse de que esas coberturas eran contratadas sin que nadie en el medio generara un par de millones. “Se hacían mediante documentos interministeriales. Muchas veces competían en una licitación y ganábamos por precio. Entonces la póliza se hacía directa”, recuerda uno de los interlocutores de aquellos amigos presidenciales. Conocedores de los pliegues de una actividad compleja, cuando Pagliano quedó al frente de Nación Seguros se ocupó junto a los suyos de pedir un tipo de cobertura: las pólizas facultativas. En la jerga se denomina así a cierta clase de contratos que por la especificidad del riesgo y por el monto asegurado, se contratan directamente afuera y se pagan en dólares. Por entonces, el nuevo grupo daba vueltas sobre las comisiones. Por su parte, Arana había sido colocado en una gerencia de Nación Seguros por Nicolás Scioli, hoy de regreso como director del Banco de Inversiones (BICE), nombrado por la gestión de Javier Milei. Finalmente, García Argibay, algo así como la voz de los productores en la compañía, era una espada colocada por Matías Tombolini, en ese momento, uno de los directores del Banco Nación, con responsabilidades en las empresas del grupo. Todos, menos Arana, abocado a las cuestiones contables y financieras, conformaban lo que llamaban el “comité comercial”. Nació así el grupo que le entregaría negocios millonarios a decenas de productores, pero sobre todo, al amigo presidencial Martínez Sosa, quien despilfarró dinero público en cuestiones personales, como la compra de trajes y zapatos en Galerías Pacífico, de medicamentos oncológicos desde la caja chica o viandas para cenar. Arana, de acuerdo con fuentes consultadas, fue despedido esta semana cuando LA NACION reveló que utilizó una camioneta Amarok de la empresa para su pyme distribuidora de alimentos.

Corría julio de 2020, Pagliano había sido nombrado en mayo y eran días de efusivos preparativos para el banquete de pólizas e intermediaciones. Entonces, hubo un vencimiento: se terminó la cobertura de un satélite argentino. LA NACION no pudo precisar si se trataba de uno de los de Arsat o los del Invap llamados Saocom pero, más allá del tipo, el contrato llegaba a su fin. El primer pedido fue que la póliza se extendiese por 90 días. A nadie llamó la atención que esto sucediera ya que es de rutina que, por la falta de firma o ante la imposibilidad de cursar el expediente administrativo rápidamente, se utilice esta modalidad. En estos casos, la póliza se mantiene con las mismas condiciones que la anterior; solo se cambia la fecha y se conserva la cobertura a cambio del pago de una prima. Pero la renovación tuvo una novedad: el “comité comercial” impuso un broker al que se le liquidó un 27% del total de la póliza. De un contrato directo se pasó a otro que tenía esa comisión. La cobertura que se aseguraba era cualquier daño que pudiera sufrir el satélite en caso de perder la órbita. Es decir, no había gestión posible desde la tierra que pudiese hacer el productor. De hecho, a los beneficiarios de semejante negocio, Castello - Mercuri, asesores del ramo con una enorme cartera en los seguros de la provincia de Buenos Aires, no se les conoce actividad espacial alguna. LA NACION se comunicó con el broker, pero no respondió las consultas. Aquella póliza, cuentan en Nación Seguros, era por 60 millones de pesos (US$821.917 de acuerdo al tipo de cambio oficial de esos días). Así, en plena pandemia, se generó una intermediación de US$221.917. Fue el embrión de un negocio millonario que tuvo su máxima expresión con Martínez Sosa, como principal participante. Alrededor de los cuatro años de gobierno, aparecieron intermediarios en el Ministerio de Seguridad, la Gendarmería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la Casa de la Moneda, el Servicio Penitenciario, Anses, la Superintendencia de Servicios de Salud y la Secretaría de Agricultura, por mencionar tan solo algunos casos que quedaron comprobados en documentación publicada por LA NACION. Los contratos de YPF y Aerolíneas, las centrales hidroeléctricas que tienen pólizas millonarias -en el exterior y en dólares-, los autos del Estado y los riesgos de los edificios donde funcionan dependencias públicas pasaron a la modalidad de la intermediación. También los viajes presidenciales y los aviones de la flota; las fuerzas de seguridad y los seguros de todos los empleados públicos, militares, gendarmes o maestros del país, y finalmente el seguro de saldo pendiente de los jubilados que pidieron los créditos a tasa subsidiada que entregó Sergio Massa en medio del “plan platita” tenían un productor que recolectaba millones. Un dato de este último contrato de la Anses: la comisión cobrada la paga cada uno de los jubilados como un adicional que se incluye dentro de la cuota.

Cualquier riesgo asegurable era motivo de intermediación y comisiones. Parece imposible entender cuál es el monto final de semejante engranaje de corrupción ya que Nación Seguros utilizó un sistema de coseguro donde se escondían, también, otros pagos a los productores ¿Qué significa? La dependencia contrataba a la aseguradora estatal y ella pagaba una comisión. Luego, Nación tomaba la póliza, la dividía y entregaba una porción a otras empresas colegas. La operación es válida, legal y se utiliza para mitigar el riesgo en pólizas grandes. Pero, acá también se usó para que las empresas privadas paguen comisiones a los intermediarios. Solo un caso: el contrato de la Anses generaba una comisión superior al 10% y luego, cada una de las compañías que intervinieron, pagaba otros montos millonarios por este concepto. A poco de conocerse el escándalo de la Anses, gran parte de las dependencias del Estado empezaron a chequear los antecedentes en sus organismos. Las pólizas brotaron como hongos esta semana. El Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich había sido uno de los primeros en dar de baja estos contratos. Lo hizo el 20 de diciembre. A modo ilustrativo: la Armada Argentina, por una sola póliza, pagó 188 millones de pesos en comisiones en 2023. Según pudo saber LA NACION, ese contrato estuvo vigente desde el 25 de octubre de 2022 y el beneficiado fue Diego Savio, un productor con negocios de seguros de pólizas de la Fuerzas Armadas. En enero, finalmente, se dio de baja y se instruyó que no se renueve la póliza en estos términos, además de que se quitó la intermediación. Otro caso: el seguro de Gendarmería arrojaba un 15% de comisión sobre unos $900 millones por mes. Hubo un intento de Nación Seguros de reducirla a 10% debido a las pérdidas que generaba la cuenta. A Martínez Sosa no le gustó. Encontró un vericueto para presionar sobre el negocio y “se llevó” el cliente a La Caja Seguros. Su argumento fue que los aportes realizados para el seguro de los gendarmes eran voluntarios, es decir, que tenían carácter personal y por ende no debían cumplir con el decreto presidencial. En la empresa estatal contestaron que eso no era así porque el tomador era Gendarmería y no los gendarmes. Todavía no está solucionado el problema. No hubo ninguna improvisación y se calculó cada uno de los pasos. Una de las características del sistema es que la gran mayoría de los pedidos de intermediación se confeccionaron en documentos simples, sin membretes de los organismos y no se gestionaron en el GEDE, el sistema de gestión de documentos públicos que tiene firma digital. Apenas una hoja, una firma y, muchas veces, ni siquiera aparecía el papel sino que se enviaba una foto por teléfono. Con eso alcanzaba. Esta semana, el expresidente aseguró no estar en conocimiento de que sus funcionarios solicitaban la contratación de un productor de seguros, lo cual resultó llamativo porque las cartas con los pedidos estaban directamente dirigidas a Pagliano, con quien tiene una relación de cercanía. Mientras el Estado intermediaba, los millones se acumulaban en decenas de productores que pertenecen al ecosistema del amigo de Fernández, Martínez Sosa. El productor se convirtió en el operador de seguros más importante de todo el país. El vínculo entre ellos es fluido y se remonta a décadas atrás. Tanta es la amistad que los une, que Martínez Sosa le hizo un préstamo de US$20.000 en 2008 cuando renunció como jefe de Gabinete y requería pagar unas deudas. Ese crédito persiste al día de hoy. El propio Fernández reporta no haberle devuelto aquel monto. La relación entre ambos se mantuvo viva en los días de Fernández en Olivos. De acuerdo a los datos que publica Poder Ciudadano, el entonces presidente recibió a Martínez Sosa en Olivos el 8 de enero de 2020. El millonario productor ingresó a las 21.36 y se retiró a la 1.20 de la madrugada de la quinta presidencial. En los mismos horarios figuran también el ingreso de Guillermo Alonso, el segundo de Martínez Sosa en la empresa, y de María Guadalupe Cortés, productora de seguros. Además, estuvo en aquella cena Fernando Salim, también integrante del sistema que orbita alrededor de Martínez Sosa. El 11 de mayo de 2020 y el 14 de mayo de ese mismo año, en la etapa más dura de la cuarentena, aparecen dos ingresos más. En esas ocasiones estuvo acompañado por Cantero, su esposa y secretaria privada de Fernández. “Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”, dijo Fernández al ser consultado por LA NACION sobre los llamados que habría hecho la esposa de Martínez Sosa para lograr la designación de su marido. Fernández también aseguró que no ve al broker desde hace dos años. En las planillas oficiales se corrobora que no ingresó a Olivos. Prácticamente, no hay entradas de carácter personal en 2022 y 2023. Llamativo.

Otro denominador común entre el Presidente y el broker se ubica en aquel edificio de la calle México 337 donde Fernández instaló su búnker en la campaña de 2019, que tendría relación con algunas de las empresas del poderoso hombre de los seguros. Una sociedad del grupo tiene domicilio en México 441 y cuentan quienes lo frecuentaban que el edificio que terminó por ser el lugar de reuniones del entonces futuro presidente también le pertenecería.

Alrededor de las intermediaciones, la demostración de dinero y opulencia de Martínez Sosa se convirtieron en un sello. Un par de ejemplos: el acreedor del expresidente festejó el aniversario de su empresa con una monumental fiesta en el estadio Movistar Arena. Lujos de productores exitosos. Presentes en el evento dan cuenta de que Martínez Sosa organizó en los últimos años una recordada fiesta de verano en Montoya, Punta del Este. Con dinero fácil, se convirtió en uno de los principales animadores del automovilismo. Es un hobby para él, inalcanzable para la amplia mayoría. Su logo llegó hasta las 500 millas de Indianápolis en el auto de Agustín Canapino, en la principal categoría de Estados Unidos, el Indy Car. El piloto es como un hijo para él, se conocieron hace cerca de 15 años y Martínez Sosa, que no tuvo hijos, casi lo adoptó cuando el joven perdió a su padre. Abrigado por el poder, siempre desenvainó dos espadas: la relación con el anterior presidente y la silla privilegiada que tuvo su mujer al lado del mandatario. No son pocos quienes refieren los llamados o los mails que cursaba Cantero presentando a su marido para alguna reunión con personas influyentes. Está claro que no era una secretaria más: era la esposa de un millonario acreedor de su jefe.

Fernández pidió en varias entrevistas que se lo recuerde como un presidente honrado. Pagliano, en diálogo con LA NACION, rogó que se consigne en la nota que es un hombre de bien, que jamás hizo nada ilegal y, como ejemplo, dijo que solía andar en sus épocas de presidente de la polémica aseguradora, en una camioneta recuperada. “Pregunte en el mercado quién soy”, propuso. Estos cronistas lo hicieron y las opiniones de la gran mayoría no lo favorecen. En el mundo del seguro, las trapisondas de aquel grupo que empezó a hacer negocios en los 90 detrás de las pólizas del Estado eran conocidas por todos. Claro que no son los únicos. Provincia Seguros, un lugar donde se sienten más cómodos Sergio Massa y Malena Galmarini, desoyó el decreto presidencial y mantuvo el contrato con la aseguradora bonaerense, que maneja toda la cartera oficial intermediada. Lo hizo pese a que hubo una queja formal de Nación Seguros, que remitió una solicitud a la Sindicatura General de la Nación para que se pronuncie al respecto. Le indicó a Aysa que tenía que cambiar su asegurador. El pedido fue ignorado y continuó el negocio con Provincia Seguros. Es un paraíso de la política bonaerense, de todos los partidos. En la ciudad de Buenos Aires, los millonarios seguros que comercializa también están sujetos a miradas profundas. Allí aparece un nombre resaltado: Rodrigo Miguel, hermano de Felipe. En las provincias, el negocio de la intermediación de los seguros es un juego de niños. El modelo Fernández - Pagliano - Martínez Sosa se replica en la mayoría de los distritos, a otra escala, por supuesto. Mientras la gran mayoría de los organismos públicos hurgan en sus archivos y anulan pólizas, el castillo de naipes con dinero del Estado tambalea. El juez federal Julián Ercolini decidió avanzar con la denuncia que presentó el fiscal Ramiro González. El Gobierno definió presentarse a través de la Oficina Anticorrupción. Milei hizo alusión al caso en su discurso inaugural este viernes, con una chicana: “Nos vendieron la idea de que el Estado trabaja como un seguro, pero en la vida real, cuando el siniestro ocurre, defaultea. En términos técnicos, eso ocurre cuando se roban la prima, tal como se puede inferir de un Estado que todo lo hace muy mal”. Seguramente vendrán días de allanamientos y secuestros de documentos. No les va a ser fácil a los implicados esconder todos los papeles que los comprometan. Las pólizas están desperdigadas por decenas de oficinas públicas. Muchas de ellas, además, tienen asiento en registros públicos presentados en la Superintendencia de Seguros. La intermediación dejó huellas, documentos y millones.Todo al calor del poder y el dinero ajeno. La política de todo el país está alerta: una de las históricas cajas está a poco de ser desarticulada.