Presión al Gobierno: un sector de la oposición pide una sesión para rechazar el veto a la reforma jubilatoria

16:59 | Jueves 05 de Septiembre de 2024 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La oposición dialoguista, conformada por la Unión Cívica Radical, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, pidió convocar a una sesión especial en la Cámara de Diputados para rechazar, el próximo miércoles 11 de septiembre, el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria.

Con las firmas de los presidentes de los tres bloques, Rodrigo de Loredo (UCR), Miguel Pichetto (Encuentro Federal) y Juan Manuel López (Coalición Cívica), solicitaron el pedido de sesión especial al presidente de la Cámara, Martín Menem. Sumaron sus firmas los radicales Facundo Manes, Karina Banfi y Fernando Carbajal; el “lilito” Maximiliano Ferraro y los federales Emilio Monzó y Nicolás Massot.

Para tal fin, esperan contar con el numeroso bloque de Unión por la Patria, que comanda el rosarino Germán Martínez y cuenta con 99 diputados nacionales. Además, sumarán a los cinco legisladores del Frente de Izquierda, que en la sanción del mes de junio se abstuvieron. Sin embargo, el jujeño Alejandro Vilca ya adelantó que rechazarían el veto de Javier Milei.

El diputado Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, anticipó: “La semana que viene vamos a insistir en la fórmula jubilatoria que aprobó el Congreso y vetó el Presidente. Discutimos prioridades; para nosotros la prioridad son los jubilados, para el Gobierno es financiar los organismos de inteligencia y beneficiar a los empresarios amigos”.

Los convocantes a la sesión analizaron varios escenarios antes de concretar su solicitud. Una opción era la de convocar a las comisiones de Previsión Social, que encabeza la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning, y la de Presupuesto y Hacienda del libertario José Luis Espert, emitir los dictámenes respectivos y llevarlos al recinto. La otra, la decisión adoptada, forzar la construcción de mayorías, los dos tercios del Cuerpo, y tratar directamente el veto en el recinto de la Cámara Baja.

Desde el bloque del PRO, la diputada Silvana Giúdici entiende que “el bloque del PRO ya votó en contra del proyecto que propuso la UCR y UxP, porque no es sustentable fiscalmente. Acompañaremos el veto del presidente porque creemos que la irresponsabilidad fiscal castigará con inflación lo que se pretende compensar en el proyecto kirchnerista, al que se sumó el radicalismo. Los que destruyeron el sistema previsional pretenden erigirse en salvadores de los jubilados sin contar de dónde sacarán la plata”, le dijo a TN.

Giúdici, junto a Cristian Ritondo y Silvia Lospennato, forman parte de la mesa de estrategia parlamentaria que el viernes pasado convocó a Casa Rosada el presidente Javier Milei y que el próximo lunes volverán a reunirse con representantes de La Libertad Avanza y con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El rechazo al veto presidencial necesita los dos tercios de los diputados presentes en la sesión para concretarlo. Es decir que si concurren los 257 diputados, esos dos tercios serían 171. El oficialismo, junto a los bloques del PRO, el MID y bloques menores suman cerca de 80 legisladores nacionales como para bloquear esa construcción de mayorías.

Los sectores convocantes de la sesión necesitarán que la totalidad de sus integrantes rechacen el veto presidencial para construir esa mayoría requerida. El radicalismo es quien tiene mayores debates internos, alguno de sus integrantes, el tucumano Mariano Campero ya anticipó en su bloque que no rechazará el veto, pero que si concurrirá al recinto. Otros radicales estarían ausentes. Situación similar podría suceder con legisladores que tienen terminales directas con gobernadores provinciales.

En las consideraciones del mensaje que el presidente Milei le envió al titular de Diputados, Martín Menem, expresó que a través del proyecto de ley se disponen “importantes modificaciones al régimen jurídico aplicable a la Movilidad Previsional y a la Seguridad Social”. También agregó que el proyecto de ley sancionado por el Congreso es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente y que no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento.

Movilidad jubilatoria: qué dice la ley sancionada por el Congreso

La sanción aprobada por la Cámara baja a comienzos de junio, y ratificada en agosto por amplia mayoría en el Senado, estableció un aumento del 8,1% para los jubilados y una modificación en la fórmula de movilidad. Además, el proyecto adaptó la fórmula al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para su actualización mensual, y en su artículo 2º indicó un aumento adicional una vez al año (en marzo) por el 50% de la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios en un mismo período de tiempo.

En sus articulados, acordó que la ANSES tendrá la obligación de cancelar las deudas con las cajas previsionales provinciales y de pagar las sentencias firmes a favor de jubilados con asignaciones específicas de los recursos tributarios del organismo previsional, como son los impuestos al Cheque, País e IVA.