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Con 455 asesores para apenas 15 legisladores, la provincia presenta una proporción de asesores por legislador que cuadruplica la media nacional. Este elevado número resulta particularmente cuestionable.
Domingo 08 de Septiembre de 2024
18:51 | Domingo 08 de Septiembre de 2024 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
Un nuevo escándalo sacude la política nacional con la revelación de la exorbitante cantidad de asesores en la Legislatura de Tierra del Fuego. Según datos oficiales publicados el pasado 18 de junio y confirmados por una investigación del portal local La Licuadora TDF, Tierra del Fuego encabeza la lista con una planta de asesores que supera ampliamente el 90% de su capacidad autorizada.
Con 455 asesores para apenas 15 legisladores, la provincia presenta una proporción de asesores por legislador que cuadruplica la media nacional. Este elevado número resulta particularmente cuestionable dado que la legislatura fueguina celebra apenas tres sesiones anuales, lo que genera dudas sobre la justificación de tal cantidad de personal.
El legislador Damián Loffler del MPF encabeza la lista con 69 asesores, seguido por Juan Carlos Pino con 59, y Federico Greve con 53. El resto de los legisladores también cuentan con un número significativo de asesores, con la suma total de 355, considerando al Presidente del Poder Legislativo, Urquiza, quien tiene 7 asesores adicionales. Los bloques políticos se reparten los asesores de la siguiente manera: PJ con 98, MPF con 91, FORJA con 89, SOMOS FUEGUINOS con 32, Partido Verde con 28, y Republicanos Unidos con 10.
La situación en Tierra del Fuego no es un caso aislado. A nivel nacional, el bloque republicano en el Senado es señalado por contar con 88 asesores para solo 6 senadores, con algunos de estos asesores dedicados a tareas de campaña política.
Este desmesurado número de asesores ha reavivado el debate sobre la denominada "casta política", con crecientes críticas por parte de sectores que demandan una mayor austeridad y eficiencia en el gasto público. La disparidad entre la cantidad de asesores y el bajo número de sesiones legislativas destaca la necesidad de una revisión crítica de la gestión de recursos en las legislaturas provinciales.
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