Javier Milei convocó a una subasta para vender los terrenos de Palermo donde funciona el INTA

18:27 | Viernes 22 de Noviembre de 2024 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

El gobierno de Javier Milei convocó una subasta en la que venderá el edificio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ubicado en el barrio porteño de Palermo. Este llamado fue publicado en el Boletín Oficial.

La Resolución 70/2024 estableció que la subasta se llevará a cabo el lunes 23 de diciembre a las 12. En la misma se dispuso la venta del inmueble de 919 metros cuadrados.

Por qué el gobierno de Javier Milei subastará el edificio del INTA

El 25 de octubre pasado, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) puso a la venta este emblemático edificio, situado en Cerviño 3101/67. Allí funciona la Fundación ArgenINTA, INTeA y las Direcciones de Vinculación Tecnológica y Relaciones Internacionales, con un total de aproximadamente 140 empleados.

A pesar de esto, el gobierno de Javier Milei fue a fondo y ahora dispuso que se subaste este terreno del INTA en Palermo.

Qué dijo el Gobierno sobre la venta del edificio del INTA

En el documento firmado por el titular de la AABE, Nicolás Alberto Pakgojz, el oficialismo explicó: “La presente medida se enmarca en la decisión política del Poder Ejecutivo de hacer prevalecer el mejor aprovechamiento y utilización del patrimonio estatal, destinando la afectación de los bienes inmuebles estatales a la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas”.

La Justicia falló a favor del Gobierno y habilitó la venta de medicamentos sin receta en las góndolas de farmacias

Luego de que el Gobierno desregulara la comercialización de medicamentos de venta libre, la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) y la Federación Farmacéutica (FEFARA) pidieron una medida cautelar.

Sin embargo, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 3 rechazó la presentación y argumentó que esta nueva normativa no viola ningún derecho existente. A su vez, indicó que no demuestra un riesgo sanitario comprobado y que, como no es de carácter obligatorio para las provincias, no se vulnera la autonomía de cada jurisdicción.