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Por Eduardo German. El Juzgado Federal de La Rioja dictó una orden de ejecución fiscal contra Rioja Campo S.R.L. por una deuda de $46.162.646,44, a lo que se suman intereses y costas judiciales. La medida contempla embargos de fondos y activos.
Martes 26 de Noviembre de 2024
07:58 | Martes 26 de Noviembre de 2024 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
En un reciente fallo, el Juzgado Federal de La Rioja resolvió avanzar en una ejecución fiscal contra la empresa Rioja Campo S.R.L., ordenando el pago de una deuda de $46.162.646,44 correspondiente al capital, más un 15% estimado para cubrir intereses y costos judiciales. La medida, enmarcada en el expediente 16717/2024, busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa demandada.
Según la resolución, el tribunal declaró su competencia para intervenir en el caso y notificó a la empresa para que constituya domicilio legal y electrónico en un plazo de cinco días hábiles. Asimismo, la notificación implica la posibilidad de oponer excepciones dentro del marco legal aplicable, conforme a lo establecido en la Ley 11.683 y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
De no cumplirse con los plazos establecidos, se autorizará el embargo de fondos depositados en cuentas bancarias, inversiones financieras o activos similares. No obstante, se excluyen de estas medidas las cajas de seguridad, salvo que se demuestre su relevancia para cubrir la deuda. En caso de resultar positiva la medida, los fondos serán transferidos al Banco de la Nación Argentina, sucursal La Rioja, bajo la orden del tribunal.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tendrán a su cargo supervisar el proceso y verificar que los activos embargados sean suficientes para saldar la deuda. Además, se permite el levantamiento total o parcial de las medidas cautelares si la empresa regulariza su situación.
Este fallo refleja la firme postura de la justicia y las autoridades fiscales en La Rioja para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, reforzando así el compromiso con la transparencia y la recaudación fiscal.
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